La investigación sobre el fraude en Carabineros no solo ha traído consecuencias en lo administrativo por el desfalco de más de $ 25.700 millones. Se suman a estos problemas que el recinto penitenciario donde los ex uniformados que están en prisión preventiva, la Subcomisaría Pudahuel Norte, está en su máxima capacidad. Esto gatilló que se esté habilitando un nuevo cuartel para futuros imputados en el caso.

El 8 de agosto, la policía uniformada dio cuenta del problema al presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vásquez, y se le señaló a través de un oficio, firmado por el director del Departamento de Justicia de la institución, general Juan Carlos Gutiérrez, que los ex efectivos detenidos deben cumplir su reclusión en dos recintos de la institución: el centro de detención Sucre, destinado a ex funcionarios procesados en casos de derechos humanos, y la Subcomisaría Pudahuel Norte, donde se envían uniformados para cumplir la medida cautelar por delitos comunes, como por ejemplo la malversación.

Sobre este último centro se expone que “como consecuencia de las resoluciones judiciales dictadas en el proceso del fraude a Carabineros, ya sea por los Tribunales de Garantía y por esa misma Corte, que han privado de libertad a un número considerable de imputados, se encuentra en la actualidad con su capacidad copada”.

Se agrega que en la causa “eventualmente se decretarán nuevas medidas cautelares de privación de libertad y, sin perjuicio de otras que se dicten en causas que también afecten a ex funcionarios institucionales, Carabineros se encuentra en la imposibilidad material de seguir ingresando nuevos detenidos o procesados a ambos centro de detención, sin afectar los estándares y las condiciones de seguridad de los mismos”.

Cuando se decretaron los primeros arrestos del caso, Sucre fue el recinto habilitado para recibir a los imputados; sin embargo, por ser un lugar para procesados por DD.HH. fueron enviados a Pudahuel Norte. Ahí ya hay 28 detenidos y a estos se suman otros 12 reos por otros ilícitos, superando la capacidad límite (30).

Carabineros también argumentó que, a raíz de que el penal está al tope, se les hace “difícil” hacer cumplir la cautelar de prohibición de comunicarse entre los imputados. Por esto la policía uniformada pidió que se impartan “instrucciones que estime pertinentes” a los tribunales de esta jurisdicción, “para que ante eventuales nuevos ingresos de personal o ex funcionarios, producto de decretarse en su contra alguna medida cautelar privativa de libertad (…), se disponga que dicho ingreso se lleva a cabo en un centro de detención sujeto a la vigilancia de Gendarmería (cárcel con civiles)”. Carabineros planteó como argumento que el juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Ponciano Salles, ya había enviado a imputados a Santiago 1. El 4 de junio, el coronel (r) Fernando Pérez Barría llegó a esta cárcel, pero a un módulo separado de la población penal, aunque posteriormente esta decisión fue revocada y el ex oficial fue trasladado a Pudahuel Norte. El documento señala que “se hace necesario que respecto de esta situación exista una actuación uniforme de los demás magistrados de esta jurisdicción, lo que justifica la petición del presente oficio”.

El presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago contestó a Carabineros, el 10 de agosto: “No puedo impartir las instrucciones que se me solicitan, más aún cuando (…), es el juez de la causa quien dispone el lugar donde debe permanecer el detenido”.

Consultada la presidenta del Séptimo Juzgado de Garantía, jueza Carolina Gajardo, dijo que el oficio se recibió ayer y que “si es funcionario de Carabineros (el imputado al momento de cometidos los delitos atribuidos) debe ser derivado a un recinto policial por norma expresa del Código de Justicia Militar”, agregando que “ni la Corte de Apelaciones ni el tribunal tienen facultades para unificar criterios en esta materia”.

Por la ocupación total de Pudahuel Norte, Carabineros comenzó hace unos días a trabajar en la ampliación de la 11a. Comisaría de Lo Espejo (ver fotografía). Allí se está remodelado una parte de este cuartel para habilitarlo como centro de reclusión preventiva para imputados del fraude.

Carabineros evitó referirse al tema, por “motivos de seguridad”, aunque según fuentes policiales el centro cuenta con una capacidad para albergar de 20 a 30 internos. Los trabajos para habilitar esta comisaría debieran culminar en dos semanas, y una vez que concluya la construcción, la policía informará al tribunal que cuenta con este espacio.

Tan al límite está Pudahuel Norte, que algunos imputados están ya en otros lugares: hay dos en la 17a. Comisaría de Las Condes y tres en la 20a. Comisaría de Puente Alto. Incluso, fuentes policiales señalaron que, además de Lo Espejo, se podría comenzar a trabajar en otro cuartel para habilitarlo como lugar de detención.

Para la abogada Bárbara Salinas, quien representa a tres imputados que están en Pudahuel Norte, “esta solicitud de la institución (de enviarlos a cárceles comunes) no me parece, porque los jueces están aplicando la ley y la norma correspondiente establece que estén en recintos de Carabineros. Deberían habilitar los centros policiales que corresponden”.

El abogado del estudio Far y Cía. Alejandro Peña, quien representa a tres imputados que también están en el recinto, dijo que “Carabineros solo debe cumplir los mandatos judiciales establecidos en la ley. Ellos tendrán que habilitar los centros pertinentes, además tienen Sucre, donde han destinado a procesos por derechos humanos, y en ese caso no se ha visto que hayan cuestionado las disposiciones legales, entonces ¿por qué hacer la distinción?”.