La empresa Linkapsis Geodesia e Ingeniería compró la casa que habitó hasta 1971 el expresidente Salvador Allende.

La venta del inmueble se concretó la semana pasada, el 4 de agosto. La casa, de la que eran dueños lss descendientes del exmandatario, como la exsenadora Isabel Allende (PS) y la exministra Maya Fernández (PS), fue adquirida por un valor comercial de mil millones de pesos ($1.000.000.000) según señala el medio ExAnte.

Del inmueble también figuraban como dueños la hermana de la exparlamantaria, Carmen Allende, y el hermano de la exsecretario de Estado, Alejandro Fernández.

La casa cuenta actualmente con un avalúo fiscal de $556.717.509, afecta al pago de contribuciones por $1.246.753.

La empresa que la adquirió es una dedicada a la ingeniería, a la “captura y análisis de datos geoespaciales”, destinada al uso de los recursos naturales y el ordenamiento territorial, según se describen en su sitio web.

Asimismo, Linkapsis Geodesia e Ingeniería cuentan con una sucursal que colinda con el paño que acaban de adquirir por la compra, pues la compañía tiene como dirección Guardia Vieja 408, mientras que la casa en la que vivió el expresidente socialista es Guardia Vieja 392.

Una compraventa que costó cargos

La adquisición de la casa de Salvador Allende para convertirla en un museo fue una pretensión que hubo en la administración del expresidente Gabriel Boric.

Con ese fin fue que a finales de 2024 se buscó adquirir el inmueble, a través de un contrato que establecía su compra por cerca de $933 millones. La operación también consideraba adquirir la casa del expresidente Patricio Aylwin —cuyos objetos fueron rematados hace unas semanas— con el mismo fin.

No obstante, la operación dio un giro cuando se constató que en la firma de la compraventa se caía en una ilegalidad, pues dos de los propietarios de la casa de Allende estaban inhabilitados de establecer contratos con el Estado, como estaba ocurriendo: la entonces senadora Allende y su sobrina, la ministra Fernández.

La situación, al constatarse, provocó que el Gobierno rectificara en su compra y que, además, la oposición iniciara una ofensiva contra las involucradas. Así fue como, en el caso de la senadora Isabel Allende, se pidió un requerimiento de destitución ante el Tribunal Constitucional para que el TC la removiera de su cargo en el Senado, mientras que Fernández, en tanto, fue apartada por el propio Boric del gabinete.

Otra funcionaria que pagó un costo político fue Marcela Sandoval (Frente Amplio), ministra de Bienes Nacionales, cartera encargada de la adquisición.

El caso llevó a que también se iniciara una investigación penal para evaluar un posible tráfico de influencias y fraude al fisco. No obstante, la fiscalía cerró la investigación en julio pasado tras decidir no perseverar en la imputación de delitos.