En el marco del Caso Convenios, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) se refirió a los resultados del informe de Contraloría -expuestos en su totalidad por el contralor Jorge Bermúdez ante la comisión investigadora del Congreso Nacionalpor el Programa de Asentamientos Precarios entre 2021 y 2023-, donde quedó en manifiesto que el cuestionado mecanismo de la Fundación Democracia Viva se repite en varias zonas de Chile. Todo ello, en base a auditorías hechas a 15 Secretarías Regionales Ministeriales (Seremi) de Vivienda.

Mediante un comunicado, el Minvu señaló que el 7 y 8 de noviembre las Seremi respectivas fueron notificadas del procedimiento a cargo del ente, hecho destacado por el organismo gubernamental.

"Valoramos este nuevo informe elaborado por el ente contralor, ya que las recomendaciones
que se plantean ya están siendo abordadas y en su mayoría se encuentran ejecutadas por este
ministerio", añadió el ministerio.

Asimismo, el Minvu manifestó que, desde el estallido del Caso Convenios, "hemos actuado de manera seria y proactiva, iniciando investigaciones internas, estableciendo responsabilidades políticas y
administrativas", junto a colaborar con las diferentes autoridades a cargo de las investigaciones.

El ministerio destacó igualmente que, junto a pedir la renuncia de los seremis de Vivienda de Antofagasta y Maule, desde el 2019 existe un modelo de transferencias que propician el uso malicioso de recursos públicos, aludiendo directamente a "corrupción".

"Desde un principio, planteamos que el modelo de transferencias de recursos del Programa de Asentamientos Precarios, que inicia su relación con instituciones sin fines de lucro en 2019 y que fue utilizado por las últimas administraciones ministeriales, incluyendo ésta, requería de un estándar mayor de control. Dicho modelo presentaba deficiencias que abrían la puerta a la corrupción, como en el caso de Democracia Viva", subrayó la cartera.

Al respecto, Minvu afirmó que el sistema actual permite "la falta de un proceso de concursabilidad para las fundaciones, lo que llevaba a no exigir antigüedad y experiencia comprobable a dichas organizaciones y sus equipos; la ausencia de un registro de fundaciones; la no estandarización de los convenios de transferencias; la falta de obligatoriedad en la exigencia de boletas de garantías; y una deficiente forma de rendir los recursos, entre otras falencias".

Es en respuesta a este contexto que el ministerio, prosiguió, "está implementando una Agenda de Modernización con 19 medidas para el rediseño completo del programa y de la relación institucional con las fundaciones, con énfasis en la integridad, transparencia y seguridad de la información, así como la optimización de los procesos de transferencia".

Junto con informar que durante el 2022 hubo 119 convenios suscritos con entidades sin fines de lucro, 11 de los cuales fueron terminados anticipadamente y donde tres de ellos son con Democracia Viva, el Minvu acotó que todavía restan siete procesos en revisión.

"No vamos a tolerar que se cometan actos de corrupción con los dineros destinados a las familias más necesitadas. Vamos a perseguir todo tipo de irregularidad y pondremos todos los antecedentes a disposición de las instituciones correspondientes, quienes serán las encargadas de establecer las responsabilidades administrativas, civiles o penales", sentenció el organismo.