Un peritaje realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) detectó movimientos bancarios sospechosos por parte de la expareja del Presidente Boric, Irina Karamanos, consistentes en abonos a una cuenta de la Fundación ProCultura.

El informe habría sido entregado dos días antes que el entonces fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, fuese suspendido del Ministerio Público de forma indefinida por parte del fiscal nacional, Ángel Valencia.

Cabe recordar que Palma indagaba la arista Pro Cultura del Caso Convenios, donde la fundación -confundada por el psiquiatra Alberto Larraín- aumentó en 10 veces sus ingresos por fondos públicos en 2022, pasando de $316.849.723 en 2021 a $3.282.841.556 en 2022.

La salida de Palma había sido luego que su nombre hubiese aparecido en el denominado Caso Audios, en donde se le acusa de haber entregado información sensible al abogado Luis Hermosilla. Además, aparece vinculado a un presunto ofrecimiento por parte de Gonzalo Migueles, pareja de la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, de un doctorado a cambio de transferir sus apoyos a José Morales en su candidatura a fiscal nacional.

El informe que había evacuado la PDI hacía recomendable tomar declaración en calidad de imputada a Irina Karamanos a raíz de los movimientos bancarios sospechosos. Estos resultados fueron informados al Fiscal Nacional y al día siguiente, Palma fue apartado de la casa. La indagatoria fue reasignada al fiscal Patricio Cooper y desde entonces, la investigación se paralizó, señala El Mostrador.

Las indagatorias de la PDI:
Cabe señalar que la arista ProCultura es una de las aristas más relevantes del Caso Convenios, dado que se investigan eventuales irregularidades en los gobiernos regionales del norte, centro y sur de Chile y en donde sus principales autoridades, son actuales candidatos a la reelección en las próximas elecciones de octubre.

Una de las certezas de la investigación, era que -solo en 2022- ProCutura había aumentado en 1.000% los ingresos provenientes de reparticiones públicas y, en ese contexto, las hipótesis apuntaban a presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y apropiación indebida.

Tras las respectivas incautaciones en los gobiernos regionales de la zona norte y sur, a fines de mayo pasado las indagatorias se acercaron a la zona central, sin embargo, el Séptimo Juzgado de Garantía le negó a la Fiscalía la orden de entrada y registro al Gobierno Regional Metropolitano encabezado por Claudio Orrego.  El Laboratorio de Criminalística Central concluye una pericia contable que es remitida a la Brigada Anticorrupción Metropolitana de la PDI.

La pericia tenía como objetivo detectar todos los depósitos desde las cuentas corrientes que mantenía en el banco Santander la Fundación Pro Cultura, liderada entonces por el médico psiquiatra Alberto Larraín, cercano al Frente Amplio y al propio Presidente Boric, entre el 30 de diciembre de 2019 y el 31 de agosto de 2023.

De las tres cuentas, hubo una que registra la mayor cantidad de movimientos. La revisión se centró en tres periodos: antes de la campaña presidencial de 2021 y a partir de ese año.

Entre el 30 de diciembre de 2019 y el 30 de noviembre de 2020, se registraron abonos a ProCultura por $1.233.049.286. Y en el segundo periodo, entre el 26 de febrero de 2021 y el 31 de agosto de 2023, los movimientos sumaron un total de $14.228.555.334.

Estos hallazgos reforzaron una de las hipótesis sobre financiamiento ilegal de la política, es decir, que ProCultura recibía fondos regionales fiscales para realización de proyectos de diferente índole, que no ejecutaba, sino que tercerizaba a otras empresas o personas naturales. Estas, a su vez, emitían boletas por el monto total del proyecto adjudicado, pero el costo real era menor, reintegrando dicho saldo, de hasta un 30% en algunos casos, a la fundación, a través de abonos a sus cuentas corrientes.

Los abonos de Irina Karamanos:
Los peritos contables del Laboratorio de Criminalística de la PDI encontraron al menos cinco abonos de Karamanos a una cuenta bancaria de la Fundación ProCultura.

Se trata de transferencias con fechas 02/08/2021, 30/09/2021, 02/11/2021, 29/12/2021 y 03/01/2022, los cuales, según la Fiscalía, se tratarían de reintegro de fondos firmados con la descripción "Recreo nos gusta el arte".

Este nombre, en efecto, coincide con el proyecto “Recreo ¡Nos gusta el arte!”, ejecutado por ProCultura, con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Mincap).

Cabe señalar que El Mostrador señala que intentó comunicarse con el fiscal Cooper para conocer si ha logrado avanzar en la causa, sin embargo, no hubo respuesta. La misma gestión se hizo con Karamanos, lográndose los mismos resultados.