El Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió este jueves aumentar levemente la presión sobre Filipinas por los excesos de su guerra contra las drogas y aprobó una resolución que encarga a la alta comisionada Michelle Bachelet que su oficina haga un seguimiento de la situación y prepare un informe al respecto.

La resolución fue votada y aprobada por 18 votos a favor, mientras que hubo 14 votos en contra y 15 abstenciones, entre ellos Chile y Brasil.

La resolución no sólo fue aprobada con votos únicamente de países occidentales, sino también de latinoamericanos, como Argentina y Perú, pero particularmente por la abstención de varios países asiáticos y africanos.

La iniciativa fue de Islandia, a la que secundaron la Unión Europea y países latinoamericanos, todos ellos preocupados porque las ejecuciones extrajudiciales en redadas antidrogas y la impunidad que las rodea siguen a la orden del día.

Filipinas reaccionó con agresividad a esta resolución, que consideró "políticamente motivada" y basada en informaciones falsas, y adelantó que la ignorará, aunque no dio el paso de abandonar el Consejo de Derechos Humanos como habría contemplado, según dio a entender su delegado.

En su informe al inicio del actual periodo de sesiones del Consejo, Bachelet denunció que las muertes y las ejecuciones extrajudiciales, en particular, continúan en Filipinas y que incluso las 5.425 muertes confirmadas por el gobierno deberían ser ya motivo de gran alarma.

A ello agregó que las autoridades deberían dar "información completa y transparente sobre las circunstancias de esas muertes", así como de las investigaciones que se estén realizando, lo cual serviría para disipar cualquier falsa acusación y que las autoridades recuperaran la confianza.

Los términos ciertamente diplomáticos de Bachelet no dejaron de ser una denuncia de lo que ocurre en Filipinas, donde se registran una media de 27 ejecuciones extrajudiciales al día, según informaciones difundidas al inicio de esta semana por Amnistía Internacional.

Oposición exige una explicación

Al respecto, el diputado y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Pablo Vidal (RD), cuestionó la decisión y aseguró que esto "requiere que el canciller Teodoro Ribera le de explicaciones al país de una decisión realmente lamentable que ha tomado Chile".

"Esto traiciona completamente la tradición chilena respecto a la defensa de los derechos humanos que tienen que ser universales, que tienen que ser en cualquier lugar, en cualquier momento", manifestó.

Fue aún más tajante y agregó que "hemos visto la preocupación de Chile respecto a los derechos humanos en Venezuela, pero cuando hay muertos en Filipinas entonces ya no nos importa. Es realmente incomprensible".

Por su parte, el ex canciller Juan Gabriel Valdés (PS), cuestionó la decisión a través de redes sociales y manifestó que "es algo que la Cancillería chilena debe explicar hoy. El hecho desmiente a todos quienes pensamos que se había producido un cambio en la política exterior. Una vergüenza".