Una querella por el delito de estafa interpuso, contra quienes resulten responsables, la estatal chilena Codelco, el principal productor mundial de cobre, por supuestas irregularidades en la negociación de seguros de vida y accidentes personales de los trabajadores de la división Chuquicamata y Radomiro Tomic.

Las acusaciones están relacionadas con la detección de presuntos sobreprecios "injustificados y fraudulentos" acordados por cuatro sindicatos, que finalmente debieron pagar los trabajadores y la corporación, que comparten el financiamiento de las pólizas en partes iguales.

Los mencionados sobreprecios, según un estudio realizado por la gerencia de finanzas de Codelco, eran hasta un 68 por ciento superiores a los ofrecidos en el mercado, por lo que se estima que el perjuicio económico conjunto superó los 20 millones de dólares entre 2007 y 2018, según informa este martes el diario El Mercurio.

Los sindicatos vinculados en la querella son el 1, 2 y 3 de la división Chuquicamata y de la división Radomiro Tomic.

Cabe recordar que luego de una larga disputa entre la empresa y los representantes de estos sindicatos, la estatal retomó la gestión de los seguros durante la negociación colectiva de 2019, argumentado que podrían conseguir ahorros por 900 millones de pesos anuales, eximiendo del pago de las primas a los trabajadores.

En su acción judicial, la cuprífera pidió citar a declarar a ex dirigentes de los mencionados sindicatos y a ejecutivos de Chilena Consolidada (miembro de Zurich Insurance Group), que fue la aseguradora ininterrumpida de los sindicatos desde 2007, y de la firma Gestión y Servicios (GyS), que operó como intermediaria entre los trabajadores y la prestadora.

Según la publicación, uno de los factores que impulsó la querella fue una auditoría de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) que concluyó que la contratación de las pólizas suscritas por los sindicatos "no responde al principio de eficiencia en el uso de los recursos del Estado, pudiendo ser cuestionable la transparencia de los procesos y el accionar de los funcionarios que participaron en ellos".

La fiscalización de Cochilco, que se activó después de una denuncia anónima recibida por el ministro de Minería, Baldo Prokurica, subrayó un doble rol jugado por la empresa GyS en el proceso, algo que es incluido en la querella.

Según el documento judicial, GyS fue la que hizo todas las evaluaciones técnicas y económicas de los procesos de contratación y renovación de las pólizas de seguro de vida y accidentes personales, mientras que, en paralelo, formó parte de la oferta económica de Chilena Consolidada.

Además, GyS prestaba los servicios de asesoría legal y orientación sicológica a los trabajadores, a pesar de que esta última atención es también entregada por Codelco, recibiendo pagos -dice el documento- por 4,43 millones de dólares en 11 años.

La empresa estatal apunta además que los sindicatos 2 y 3 habrían recibido pagos de parte de GyS luego de los procesos de contratación o renovación de los seguros, por unos 920 mil y 1,69 millones de dólares, respectivamente, entre 2007 y 2018.