Por Antonia Paz P.

Hasta diez años de cárcel arriesgan los directivos y exejecutivos y un socio de las cadenas de casinos de juegos contra quienes la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento por colusión, porque se habrían puesto de acuerdo para no competir en las licitaciones de 2020 y 2021, generando un grave impacto para las arcas de los municipios y gobernaciones donde están instalados esos casinos. 

Con esos recursos, según la Contraloría, los municipios y gobernaciones deberían utilizarlos en proyectos sociales para los más necesitados: Veredas, pavimentos de calles, viviendas sociales, clubes del adulto mayor, luz eléctrica, agua potable a sectores rurales, etc.

El organismo pidió la multa global más alta de la historia de nuestro país:¡152 millones de dólares! Para la empresa Dreams (US$112 millones), su dueño Claudio Fischer (US$830 mil); el exgerente general, Jaime Wilhelm (US$1 millón); el exgerente de finanzas, Claudio Tessada (US$674 mil).

Para Enjoy (US$37 millones) y el expresidente del directorio, Henry Comber (US$115 mil). Marina del Sol y su socio y presidente del directorio, Nicolás Imschenetzky, a quien la FNE le atribuye un rol activo y la frase “el que tiene, mantiene”, fueron excluidos de ser multados por haberse acogido su controlador al mecanismo de delación compensada.

Además, solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que ponga término a las diez concesiones -cuatro de Enjoy, cuatro de Dreams y dos de Marina del Sol- obtenidas vía colusión.

Esta decisión de la Fiscalía es muy compleja para los operadores de casinos coludidos porque el año 2022 se conoció que Dreams y Enjoy se fusionarían. Luego que se conoció la acusación de colusión en 2023 y que se hizo pública el jueves pasado, ambas empresas desistieron. Es más Enjoy está en una gravisíma situación económica donde está en reorganización por segunda vez. Esta palabra con sutileza "reorganización económica" antes se le denominaba que la empresa se iba a la quiebra. Eso está pasando con Enjoy.

Y el caso se torna más complejo para las empresas operadoras de casinos coludidas. Alguna de ellos antes de ser denunciadas por colusión, iban a vender sus activos, sus casinos, las licencias que ganaron coludiéndose. El viernes pasado, luego de conocerse la denuncia de la Fiscalía, las acciones de Enjoy bajaron más de 12%. 

Y en la industria, conocedores del tema, señalan que nadie se involucrará con estas empresas, "porque estarías comprando licencias de casinos coludidas, a los cuáles la sanción es devolver esas licencias, ganadas con ílicitos en las licitaciones".

A la espera de la sentencia del Tribunal de la Libre Competencia

La persecución penal no comienza ahora. Y es un proceso que toma tiempo. El primer paso es que el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) dicte sentencia, confirmando o rebajando las multas solicitadas por la FNE y se pronuncie respecto de la revocación de las diez concesiones que pide la fiscalía, explica Francisco Agüero, profesor de libre competencia de la U. de Chile en el diario La Segunda.

Con el fallo en la mano, los exejecutivos y el socio requeridos podrían presentar un recurso de reclamación ante la Corte Suprema, lo cual es de común ocurrencia. Uno y otro toman en total unos cuatro años.

“Y en cualquier momento por el alto monto de las multas, no es sería nada raro que recurran al Tribunal Constitucional (TC) con un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que puede paralizar el proceso en el TDLC”, acota el academico, que calcula en uno o dos años la tramitación en el TC.

Los tres pasos pueden demorar entre cinco a seis años. Si hay una sentencia condenatoria a firme, “el fiscal nacional económico presenta una querella por colusión ante el Ministerio Público en contra de los exejecutivos”, dice Agüero.

Los chats que están de moda y las escuchas telefónicas: Las duras pruebas que tiene la Fiscalía

Lo que está claro es que la fiscalía, tiene muchisímas pruebas de este delito. La delación compensada de uno de los directivos de estas empresas, los allanamientos por parte de las policías de las casas de los altos ejecutivos donde se llevaron los celulares, los computadores y otros documentos y lo más grave para los involucrados, hay un centenar de escuchas teléfonicas cuando se ponían de acuerdo en los precios de las licitaciones que llamaba a postular la Superintendencia de Casinos de Juego.

Desde que en 2016 se reformó el DL 211, que regula la libre competencia, y se subieron las multas por colusión y se fijaron nuevamente penas de cárcel, la FNE no ha presentado querellas por colusión, ya que no hay casos concluidos.

Las penas por el delito de colusión van desde tres años y un día a cinco años en su grado mínimo. Y si concurren una o más agravantes y ninguna atenuante, desde cinco años y un día a diez años.

La ley establece que si se aplica una pena de entre tres a cinco años, que no implica cárcel, o incluso medidas alternativas, los sentenciados deben cumplir un año presos. Pero un abogado explica que hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional en un caso por la Ley Emilia falló que era inconstitucional una condena de un año por falta de proporcionalidad.

Nicolás Imschenetzky, socio y presidente de Marina del Sol, quien se acogió al mecanismo de delación compensada, no será perseguido penalmente en una futura querella de la FNE, pero es requisito, según la ley, que entregue los antecedentes al Ministerio Público, prestando declaración como testigo en el proceso penal. Si no lo hace podría ser imputado y condenado.