La División de Bienestar del Ejército, interpuso una querella por el delito de estafa en más de $972 millones, luego de acreditar mediante una investigación interna, que una empresa incumplió la construcción de viviendas destinadas al personal que reside en Arica.

La información consta en un libelo ingresado la semana pasada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dirigida en contra de quienes resulten responsables del mencionado ilícito, como también falsificación ideológica y uso malicioso de documento privado.

De acuerdo a la presentación a la que accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, la constructora Alcarraz habría falsificado los estados de pago para levantar más de cien viviendas viviendas y un stripcenter en la mencionada ciudad, para luego declararse en quiebra.

Los hechos materia de la presentación se relacionan con la Jefatura de Ahorro para la Vivienda (JAVE) entidad que busca contribuir al bienestar del personal en servicio activo por medio de la promoción de un “ahorro sistemático y seguro que permita, a través de una óptima administración, financiar créditos oportunos” y así acceder a una vivienda.

Según explicó el Ejército en su querella, todo se remonta a la construcción de la Villa Sol del Norte, donde los asociados a la JAVE se organizaron para adquirir una casa. El primer presidente de esta unión de voluntades fue el cabo primero Franz Obreque, quien logró la compra de un terreno por más de $28 mil millones en 2015. Hasta ahí todo iba viento en popa.

Sin embargo, cuando en 2016 se firmó un contrato con la constructora Alcarraz Limitada, comenzaron los problemas. La empresa recibiría pagos de acuerdo al estado de avance de las obras, documentación que debía ser respaldada por la JAVE.

Aún cuando la obra contaba “con un estado de avance alto, pero aún sin terminar”, Alcarraz la abandonó en diciembre de 2018 acogiéndose a un procedimiento de liquidación concursal forzoso, más conocido como “quiebra”.

La firma, además, mantenía deudas millonarias con sus trabajadores los que se convirtieron en acreedores preferentes antes que el Ejército, no pudiendo recuperar parte del dinero invertido.

“La empresa constructora Alcarraz obtuvo prestaciones fiscales improcedentes por la suma de $972.225.630 por medio de estados de pago adulterados tanto en sus montos como métodos de cálculo y porcentajes de avance físico y financiero en ellos señalados”, se lee en el documento.

Un hecho llamativo que reconoció la institución, es que parte de los millonarios pagos hechos a Alcarraz fueron depositados a un factoring, cuando la firma presentaba problemas financieros en su funcionamiento.
El sistema usado por la JAVE es que administra los ahorros de los uniformados miembros de esta última, dejando en un limbo quiénes son los verdaderos dueños, atendido que el Ejército es la institución destinada a fiscalizar lo que se hace con la plata.

Por esta situación, los militares afectados en Arica y sus familias, interpusieron una demanda en contra del Fisco que se encuentra en plena tramitación, donde el Ejército es defendido por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

El actual jefe de la JAVE, coronel Eric Fuentes, explicó que apenas se evidenciaron “hechos constitutivos de delito” se adoptaron los caminos judiciales pertinentes.
Fuentes indicó que apenas asumió en su cargo en 2019, inició una revisión detallada de los antecedentes y encontró sorpresas. “Se realiza una investigación donde se han ampliado a distintas aristas y que aún se encuentra en plena tramitación”, reconoció el oficial.

Explicó asimismo que es posible que no sea la última querella que se interponga.