La Contraloría General de la República se pronunció respecto al actuar de funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en la frontera norte del país, luego de los informes de las cortes de Iquique y Arica que en julio de 2019 acusaron a la entidad de manipular el ingreso de 21 ciudadanos venezolanos como refugiados, incluso desafiando a Carabineros, en la frontera con Bolivia y Perú.

El requerimiento ante el ente fiscalizador fue presentado por los diputados Celso Morales (UDI), Karin Luck (RN) y Andrés Longton (RN). 

En su informe, la Contraloría advirtió que "si bien las acciones desplegadas por el personal del INDH tuvieron por objeto la protección y la promoción de los derechos humanos, estas se desarrollaron en una localidad extranjera, en donde ese organismo, y por ende sus funcionarios, carecen de competencia para llevar a cabo las funciones que el ordenamiento jurídico nacional le ha encargado al INDH, desprendiéndose que tales actuaciones configuraron una inobservancia a los princpios de legalidad y territorialidad de la ley".

El organismo contralor agregó que "ha resuelto confirmar también la instrucción del procecimiento disciplinario que el INDH se encuentra llevando a cabo sobre los hechos recién descritos".

Descargos del INDH
Desde el INDH manifestaron que "el caso al que se hace referencia dice relación con una crisis migratoria vivida durante 2019, principalmente por migrantes y solicitantes de refugio de nacionalidad venezolana, que estuvieron semanas intentando ingresar a Chile por razones humanitarias".

"El INDH observó durante semanas esta situación en la frontera, velando porque las personas pudiesen acceder al procedimiento que determina su condición de refugiados, si así lo solicitasen. Sobre el caso específico que originó la denuncia, el INDH inició un procedimiento administrativo destinado a establecer eventuales responsabilidades y comunicará su resultado una vez finalizado", concluyó.