La Contraloría informó que concluyó el proceso sumarial para determinar eventuales responsabilidades administrativas de superiores y personal de Carabineros durante el estallido social.
La acción del órgano de control llegó tras la recepción de una serie de denuncias debidamente individualizadas, relativas al actuar de la policía uniformada a contar del 18 de octubre de 2019, y hasta el 31 de diciembre del mismo año.
El sumario propone al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, la suspensión los generales activos Enrique Bassaletti y Mauricio Rodríguez, por su actuar en medio de las manifestaciones sociales que sacudieron al país a fines de 2019.
Bassaletti, quien actualmente ocupa el puesto de director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales, para el tiempo investigado era el jefe de la Zona Metropolitana Este. Mientras que Rodríguez es ahora el subdirector de la policía uniformada.
La Contraloría también recomienda igual medida para el general en retiro Jorge Ávila, quien era jefe de la zona de Control de Orden Público, a finales de 2019.
Razones
El sumario se centró en la vulneración del reglamento de Carabineros en el uso de gases lacrimógenos en las cercanías “los hospitales Exequiel González Cortés, en la comuna de San Miguel, y Gustavo Fricke, en Valparaíso. También se incluyó la Clínica Santa María”, asegura Bío Bío, durante el 4 y 11 de noviembre de 2019.
Otro aspecto en que no se respetó del reglamento de la institución según La Contraloría fue el uso de balines con plomo. “Entre el 18 de octubre y fines de diciembre, fueron cargadas y disparadas con munición que contenía plomo, pese a que estaba expresamente prohibido -incluso- en un informe interno preparado por la misma institución”, afirmó.
El órgano de control explicó que la facultad para perseguir responsabilidades administrativas de Carabineros se funda en el artículo 98 de la Constitución política del país.
Ahora, el sumario fue enviado a las autoridades competentes para la aplicación de las medidas disciplinarias propuestas por la Contraloría, explicó el ente.
El órgano de control explicó que la facultad para perseguir responsabilidades administrativas de Carabineros se funda en el artículo 98 de la Constitución política del país.
Ahora, el sumario fue enviado a las autoridades competentes para la aplicación de las medidas disciplinarias propuestas por la Contraloría, explicó el ente.
