Por medio de un dictamen, la Contraloría General de la República, descartó que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social incurriera en irregularidades por la campaña de la reforma al sistema de pensiones. De acuerdo con el documento, la cartera actuó dentro de sus facultades y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 19.896. La normativa en cuestión regula las actividades de publicidad y difusión de iniciativas gubernamentales.

La campaña, que busca informar a la ciudadanía sobre la propuesta de crear un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social, así como el aumento de la pensión garantizada universal, fue contratada a través de un proceso de licitación pública. El servicio se lo adjudicó la empresa CYBERCENTER S.A., encargada de la asesoría creativa y la ejecución de planes de medios, por un costo de $46.698.000, más la comisión de la agencia (4,5%) e IVA.

Contraloría descarta irregularidades en campaña de la reforma de pensiones
La Contraloría señaló que la contratación se realizó de acuerdo con las bases administrativas del proceso de licitación, que permitían expresamente la subcontratación, y no encontró observaciones en la gestión realizada por el ministerio. Asimismo, el dictamen subraya que las formas de difusión empleadas, incluyendo el contenido del material audiovisual, son aspectos que corresponden a la determinación de la Administración en función del mérito, la oportunidad y la conveniencia.

El dictamen también hace referencia a la propuesta legislativa impulsada por el Ejecutivo, que se encuentra en discusión en el Congreso Nacional. La campaña busca informar sobre esta iniciativa. Y, según la Contraloría, el contenido del video está alineado con el propósito de dar a conocer la reforma al sistema de pensiones a la ciudadanía.

“Las formas empleadas para la difusión de una determinada iniciativa gubernamental constituyen aspectos de mérito, oportunidad y conveniencia, cuya determinación corresponde a la Administración”, indica la Contraloría.

En cuanto a la transparencia y probidad administrativa, el organismo fiscalizador concluyó que no existen elementos que sugieran que las actividades de publicidad y los gastos asociados contravengan las disposiciones legales vigentes.

Sin embargo, la Contraloría instó a las entidades públicas a asegurar que los materiales y el lenguaje utilizados en futuras campañas permitan a la ciudadanía adquirir un conocimiento completo y claro de las iniciativas legislativas promovidas.