La Contraloría ordenó un sumario administrativo a la Universidad del Bío-Bío (UBB) tras detectar una serie de falencias en la gestión financiera y administrativa de la casa de estudios entre 2020 y 2023. El organismo dirigido por Dorothy Pérez pidió que la Superintendencia de Educación intervenga para que lleve a cabo fiscalizaciones.

De acuerdo con lo informado por la Contraloría Regional del Biobío, los principales hallazgos en la universidad incluyen una deuda de más de $6.800 millones, el uso de fondos para propósitos distintos a los originalmente otorgados, y eventuales conflictos de interés en contratos.

El monto adeudado ascendería a $6.883 millones por anticipos solicitados al Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU). Estos recursos fueron depositados en cuentas no destinadas al efecto, específicamente en la de "Sueldos". Además, la UBB no transfirió al FSCU $191 millones recaudados de exalumnos en 2023, "lo que constituye una grave omisión de deberes contables. La Contraloría instruyó a la universidad a regularizar esta situación en un plazo de 90 días", indicaron desde el ente fiscalizador.

También se constató que la casa de estudios hizo "tres transferencias de $3.000 millones cada una desde cuentas de proyectos de fortalecimiento universitario a la cuenta de 'Sueldos', lo que vulneró los convenios de ejecución de esos fondos. Esta práctica ya había sido observada y advertida por la Contraloría en informes anteriores, sin que se hayan tomado las medidas correctivas correspondientes", sumaron, detallando igualmente que en 2023 la UBB "realizó compras por $33 millones fuera del portal Mercado Público, sin justificación documentada, infringiendo la Ley de Compras Públicas".

La auditoría de Contraloría también arrojó que la institución de educación superior "contrató a empresas cuyos socios tienen vínculos de parentesco con directivos, e incluso uno de estos figura como socio de la empresa contratada. También se detectó la contratación de una persona supervisada por un directivo, con quien compartía sociedad en una empresa inmobiliaria" y "la contratación de nueve personas a honorarios con lazos familiares con directivos", señalaron.

"La UBB, en su oficio de respuesta, señaló la posibilidad de realizar un sumario administrativo. Al respecto, la Contraloría Regional lo confirma, debiendo la universidad remitir el acto administrativo que así lo disponga en el plazo de 15 días hábiles, contando desde la recepción del presente informe. Los antecedentes se remitirán al Ministerio Público", concluyeron desde el ente fiscalizador.