Este viernes el pleno aprobó una propuesta de enmienda al Reglamento General del órgano, la cual busca pagar a quienes prestaron asesorías a convencionales durante julio del 2021, mes en que se instaló la Convención.

La iniciativa, que surgió de parte de 52 convencionales, se funda en que, para ese mes, no se encontraba tramitado el Reglamento de Asignaciones, Comité Externo y Dirección de Administración, por lo que no se procedió al pago de los honorarios por los servicios prestados por los asesores de algunos constituyentes.

En el documento con la propuesta, los firmantes declaran que “esto significó un perjuicio financiero para dichas personas, sin que pueda la Convención, sobre la base de los principios de la buena fe y del enriquecimiento sin causa, beneficiarse de la actividad desarrollada por estas personas sin que medie la respectiva retribución pecuniaria”.

Asimismo, el artículo transitorio a incorporarse en el reglamento –aprobado por 97 votos a favor, 24 en contra y 6 abstenciones– señala que se autoriza "el pago con cargo a la asignación de personal de apoyo de la función constituyente a quienes por razones impostergables de buen servicio prestaron asesoría a los convencionales durante el mes de julio de 2021 antes de la aprobación del presente reglamento".

Se especifica también que los convencionales que recibieron asesoría durante el mes de julio de 2021 deberán firmar una declaración jurada en la que individualicen a las personas que les prestaron los servicios en ese periodo, indicando las labores realizadas y el monto del honorario respectivo.

Beatriz Sánchez (Frente Amplio) expuso en el debate plenario que "hay un hecho que es objetivo: hay un grupo de personas que trabajó un mes cuando ya la Convención Constitucional estaba en marcha y no se les pagó por ese mes de trabajo (...) frente a este hecho que es, insisto, objetivo e indesmentible, lo que corresponde es que, siguiendo un procedimiento serio, responsable y transparente se les pague lo que corresponde quienes corresponde".

En la misma línea, Marcos Barraza (Apruebo Dignidad) señaló que "sería un mal precedente que esta Convención Constitucional vulnerara los derechos laborales de quienes han cumplido una tarea de servidoras y servidores públicos. No sería posible el resultado de este proceso constituyente sin la tarea que desmpeñaron las y los asesores".