Gran polémica generó la decisión del juez del Séptimo Juzgado de Santiago, Daniel Urrutia, quien el pasado 25 de enero autorizó que cuatro reos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS) puedan realizar videollamadas.

Según informó Meganoticias, la resolución activó la alerta en Gendarmería, institución que advirtió que dicho beneficio «pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada».

Esto, producto del alto grado de peligrosidad de los reclusos de dicho centro, muchos de ellos vinculados al crimen organizado y a delitos violentos. Especificamente integrantes del Tren de Aragua.

Asimismo, Gendarmería cuestionó otra resolución del magistrado Urrutia, quien ordenó a la institución penitenciaria concretar la realización de una visita íntima al reo Rafael Marín Vielma, de nacionalidad colombiana, condenado a quince años de cárcel por narcotráfico, pese a no existir dependencias para ese tipo de encuentros en el REPAS.

La decisión del juez no sólo fue criticada por Gendarmería, sino que también generó rechazo en el mundo político.

Por ejemplo, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, enfatizó en su cuenta de X que «estamos invirtiendo más de $2 mil millones en seguridad carcelaria. Estas decisiones dinamitan el esfuerzo conjunto que estamos realizando con el Gobierno y ponen en riesgo la seguridad de Gendarmería para combatir el crimen organizado».

CORTE SUSPENDE BENEFICIO

A fin de revertir la decisión del 7° Juzgado, Gendarmería ingresó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual fue acogida por el tribunal de alzada, suspendiendo los beneficios hasta no resolver respecto del fondo del asunto.

Sobre este tema, la institución penitenciaria señaló en un comunicado que «más allá de lo que se determine a nivel judicial, es importante comprender que los internos en cuestión se encuentran recluidos bajo un régimen diferenciado de seguridad, ya que pertenecen a bandas criminales organizadas y poseen un alto compromiso delictual, de acuerdo a la clasificación que hace Gendarmería».

«En ese contexto, el acceso a videollamadas con terceras personas, puede comprometer gravemente las condiciones de seguridad del establecimiento, así como del personal de Gendarmería y de la población bajo custodia institucional», complementó.

Puntualizó que «en esa misma lógica se entiende lo referido a la visita íntima. El REPAS no tiene instalaciones destinadas a esos fines, ya que todas las visitas en ese recinto se realizan a través de locutorios».

«Este tipo de medidas son fundamentales en el ámbito penitenciario para un control efectivo de los establecimientos, en particular en lo que respecta a internos pertenecientes a bandas de crimen organizado», acotó Gendarmería en su escrito.

GOBIERNO: «ES GRAVÍSIMO»

El ministro (S) de Justicia, Jaime Gajardo, cuestionó este jueves el fallo del juez del Sétimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, quien autorizó a 4 peligrosos reos vinculados al Tren de Aragua puedan realizar videollamadas desde su reclusión.

Gajardo fue consultado en entrevista con Mega, donde indicó que le parecía grave esta decisión, recalcando que en la cárcel de alta seguridad se encuentran criminales responsables de crímenes como extorsiones, trata de personas, homicidios y secuestros.

“Estos son los líderes más peligrosos de las bandas criminales que están azotando la seguridad del país. Aquí tenemos los líderes de clanes que han generado crímenes que son horrendos: extorsiones, trata de personas, secuestros, homicidios. Estas personas se organizan para cometer crímenes y, por lo mismo, necesitamos que rompan su vínculo con el exterior. Permitirles videollamadas es dejar en cero aquello”, declaró Gajardo a Mega Investiga.

De esta forma, el ministro (s) reiteró que la resolución es gravísima pues afecta tanto a personal de Gendarmería, y a la sociedad. “Pone en riesgo no sólo la seguridad de los funcionarios del establecimiento penal (…) Por eso esta resolución es gravísima”, sostuvo.

Gajardo afirma que en esta cárcel “se encuentran los criminales más peligrosos que tenemos en el sistema penitenciario” y que por eso “es fundamental mantener ese régimen diferenciado, porque hay razones de seguridad, podríamos decir de seguridad nacional, para que esos criminales que son los más peligrosos de nuestro sistema penitenciario no tengan contacto con el exterior, y si tienen visitas sean a través de locutorios”.

“La resolución del juez Urrutia nos rompe esas dos premisas que son básicas en cualquier sistema de máxima seguridad que opera no sólo en nuestro país, sino que también en el mundo. Es decir, permite que estas personas tengan contacto con el exterior a través de videollamadas, donde posiblemente van a poder seguir funcionando sus bandas”, añade la autoridad.