La Corte Suprema confirmó una resolución que obliga al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a pronunciarse sobre la solicitud de reducción de condena presentada por un hombre sentenciado por violación de una menor de edad, en medio de la controversia que enfrenta el Gobierno por la suspensión de estos beneficios penitenciarios.
El fallo, dictado el 17 de noviembre por la Segunda Sala del máximo tribunal, representa un nuevo desafío para la decisión del Ejecutivo de paralizar la tramitación de todas las rebajas de condena, sin distinción del delito cometido.
El caso involucra a Víctor Manuel Alarcón Torres, de 54 años, quien cumple una pena de cinco años y un día de presidio en el Centro de Detención Preventiva de Limache, tras ser condenado en 2024 por la violación de una menor de 14 años.
Su defensa acudió a los tribunales luego de que el Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, no resolviera una solicitud de reducción de condena, pese a que el interno había obtenido una calificación de conducta sobresaliente.
La controversia judicial comenzó cuando la Comisión de Reducción de Condena de Valparaíso excluyó inicialmente a Alarcón del proceso de evaluación debido a la naturaleza del delito por el que fue condenado.
Ante esa decisión, su abogado presentó un primer recurso de amparo, que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
El tribunal ordenó reincorporar al condenado al procedimiento de evaluación y revisar su comportamiento sin aplicar la causal de exclusión contemplada en el artículo 17, letra e), de la Ley 19.856.
Tras cumplir esa instrucción, la comisión examinó sus antecedentes y le otorgó la calificación de conducta sobresaliente, requisito relevante para acceder al mecanismo de reducción de condena.
Según los argumentos presentados por la defensa, las rebajas acumuladas habrían permitido adelantar su fecha de salida de prisión al 26 de octubre de 2026.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia no emitió una resolución sobre la petición, lo que motivó una segunda acción judicial.
En esta oportunidad, el abogado del condenado presentó un nuevo recurso de amparo contra la cartera, argumentando que la demora administrativa estaba prolongando ilegalmente la privación de libertad de su representado.
El 5 de noviembre, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió la acción y ordenó al Ministerio resolver la solicitud en un plazo de 24 horas.
La cartera encabezada por Rabat apeló, sosteniendo que la Ley 19.856 y su reglamento no establecen un plazo específico para dictar el decreto que reconoce o rechaza una reducción de condena.
No obstante, la Corte Suprema confirmó la sentencia y estableció expresamente que el Ministerio deberá pronunciarse a la brevedad sobre la petición, de acuerdo con la legislación y su reglamento.
La resolución no significa que el condenado haya obtenido automáticamente una rebaja de pena ni que exista una orden judicial para dejarlo en libertad.
Corte Suprema "apura" a ministro Rabat decidir "a la brevedad" si rebajará pena a pederasta condenado por violación de menor
