El pleno de la Corte Suprema acordó que el instructivo de la Presidencia de la República para que empleados del Estado vuelvan gradualmente a sus funciones presenciales no aplica al Poder Judicial.

Los magistrados concluyeron que deben seguir rigiéndose por la ley 21.226 y el auto acordado 53-2020, que los deja fuera del instructivo del Ejecutivo. Y la vocera del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, explicó la resolución.

"Debo hacer presente que hoy se reunió el tribunal pleno de la Corte Suprema y acordó que el instructivo del Presidente de la República no nos es aplicable, pero sí la ley 21.226, que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales en las audiencias y actuaciones judiciales y para los plazos y ejercicios de las acciones por el impacto de la enfermedad covid-19 en Chile y, asimismo, el auto acordado número 53 que fue dictado por la Corte Suprema, por lo tanto debemos seguir desempeñándonos como lo hemos hecho hasta ahora, esto es fundamentalmente por la vía del teletrabajo o trabajo remoto".

Con esto, se desmarcó de la decisión del Gobierno, de la misma forma en que ya lo hicieron la Contraloría y el Ministerio Público.

La jueza explicó que, según las cifras actualizadas para este 20 de abril, de un total de 12.321 funcionarios del Poder Judicial, un 84% (10.466) ejercen sus labores en forma remota y solo un 7,2% (911) lo hace en forma presencial. Un 3,9% (473) están con licencia o vacaciones, un 2% ( 232) con turnos y un 3% (292) sin labores.

Además, sostuvo que el Poder Judicial tiene 15 personas contagiadas con Covid-19, de las cuales 7 ya han sido dadas de alta. Por último, informó que existen 350 integrantes con cuarentena preventiva y 98 edificios judiciales cerrados por casos positivos o como medida de cautela.