“Solo queremos demostrar la inhumanidad del ministro de Justicia”, dice Carlos López para explicar la decisión de su padre, el coronel (R) Carlos José Leonardo López Tapia, quien este lunes abandonó el tratamiento médico que lo mantiene con vida en el Hospital Militar desde hace tres meses.
La decisión fue una respuesta al rechazo por el Presidente Sebastián Piñera, el 30 de octubre pasado, del indulto que había solicitado por razones humanitarias.
El coronel (R) López Tapia (en la foto de archivo de abajo) fue condenado a una pena superior a 87 años de cárcel, como autor de 14 secuestros y tres homicidios calificados, en los casos de la Caravana de la Muerte en su paso por Linares y Cauquenes, en octubre de 1973, y las desapariciones forzadas de Villa Grimaldi, centro de torturas que dirigió en 1976 como agente de la Dina, según señala La Tercera.
Según el abogado Raúl Meza, defensor del oficial en retiro, las razones para solicitar el indulto “son de carácter estrictamente humanitario, en razón a su condición de enfermo crónico terminal y recientemente desahuciado por su equipo médico tratante”.
Y es que el excoronel López presenta patologías cardíacas, renales y hepáticas, “y lo único que queríamos era que muriera en la casa”, agrega su hijo Carlos, quien advierte que a su padre “no le quedan más de tres o cuatro días de vida”. Añade que las condenas contra su padre fueron “por presunciones de secuestro, por haber estado un año en Villa Grimaldi”.
Meza asegura que la negativa del gobierno no consideró las razones humanitarias y solo se basó en argumentos de “orden jurídico y psicológico, por carecer medianamente de la conciencia de los delitos que habría cometido”.
En efecto, el rechazo a la solicitud dispuesta por el Ejecutivo señala que el exoficial condenado no tiene “conciencia del delito y la mediana conciencia del daño causado a las víctimas”.
Desde el Ministerio de Justicia, cartera ante la que se gestionan los indultos, señalaron que “efectivamente fue denegado el indulto”, pero que no se referirán a la decisión adoptada.
En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, anticipó que no van a interceder como organización, pues consideran “legítimo que él quiera presionar a costa del riesgo de su vida”.
Lira agregó que con su decisión, el coronel (R) López “está pensando en sí mismo, no en los familiares de las víctimas ni en el daño a su propia familia”.
“Le pediría que tuviera la humanidad que él espera de los demás y que entregue información sobre el paradero de miles de personas desaparecidas”, añadió.
Para el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto, el caso es similar “a lo que ocurre cuando se realiza una huelga de hambre de reclusos”, y que en ese caso es el Hospital Militar, vía recurso de protección, el que “debe obligarlo a seguir el tratamiento médico”. “Como autoridad tiene que garantizar su vida”, aseguró el jurista.
El criminal "currículo" del ex agente de la DINA
Carlos José López Tapia ha sido identificado como integrante de la Caravana de la Muerte a su paso por Linares y Cauquenes, en octubre 1973, ocupando el puesto de segundo jefe de la misión del helicóptero Puma que transportaba la comitiva criminal, por lo que ha sido acusado de participar en la muerte de cuatro personas.
López Tapia participó en la ejecución del líder campesino José Gregorio Liendo Vera, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, quien fue fusilado el día 3 de octubre de 1973 en Valdivia.
Posteriormente, Carlos José López Tapia ingreso a la DINA, llegando a ser jefe de la Villa Grimaldi en 1976, periodo en que la DINA secuestró e hizo desaparecer desde el centro clandestino a decenas de prisioneros y prisioneras. López Tapia también fue Jefe de División de Inteligencia Metropolitana de la DINA.
El 12 de enero de 1998, una demanda fue presentada contra López por el secuestro calificado de Bernardo Zuleta Araya y María Flores Barraza el 2 de abril de 1976 en la región de Valparaíso .
López Tapia ya cumplió prisión por el caso de la detenida desaparecida Julia Retamal Riquelme. También está procesado por la desaparición de la cúpula del Partido Comunista ocurrida en mayo de 1976 en el marco del denominado "Caso Conferencia", donde fueron detenidos desde el 21 de mayo 1976 Mario Zamorano, Jorge Muñoz, Elisa Escobar, Uldarico Donaire, Jaime Donato, Lenín Díaz y Víctor Díaz.
Carlos José López Tapia fue condenado por la desaparición de Juan Maino Canales, Elizabeth Rekas Urra y Antonio Elizondo Ormaechea.
Durante las investigaciones de estos crímenes se logró establecer los contactos de este y otros agentes con los alemanes de Colonia Dignidad.