Una desconocida sanción administrativa afecta a la actual subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, por un episodio ocurrido cuando se desempeñaba como fiscal del Ministerio Público.

La subsecretaria, militante del partido que preside Johannes Kaiser, el Nacional Libertario y que habría renunciado para acceder al cargo, es la funcionaria que envio a los chilenos al "auto cuidado" cuando los delincuentes nos vayan a asaltar, realizar un portonazo o un hecho de mayor gravedad.

De acuerdo con antecedentes obtenidos, Quintana fue sancionada con una “amonestación privada” luego de intervenir en un conflicto personal de su entonces pareja, el abogado Andrés Morales Soza, ante Carabineros y guardias municipales de Lo Barnechea.

El hecho ocurrió en junio de 2019, cuando Carabineros recibió un llamado por una situación vinculada a una medida cautelar y una orden de alejamiento. Según el parte policial, Quintana se habría identificado como fiscal y habría exigido la entrega de un documento que, a su juicio, se encontraba adulterado.

La investigación interna en el Ministerio Público terminó con una sanción administrativa, la que fue confirmada en enero de 2020 por el entonces fiscal nacional Jorge Abbott, quien rechazó la apelación presentada por Quintana, según un reportaje de Canal 13.

El caso vuelve a generar debate debido al actual cargo que ocupa la autoridad en el Gobierno, especialmente por tratarse de una repartición vinculada directamente a la seguridad pública y la prevención del delito.

La resolución concluyó que la entonces fiscal hizo uso de su cargo para fines particulares, en un episodio que hoy vuelve a poner bajo la lupa los estándares de probidad exigibles a las autoridades públicas.

El propio fiscal regional, Héctor Barros, ordenó la reapertura del caso, en el que finalmente se le formularon cargos.

“En dicho lugar utilizó su cargo como fiscal adjunto del Ministerio Público, con el objeto que el conserje le entregara el acta de una notificación de medidas cautelares que pesaba en contra de su pareja (...) y así llevársela del lugar. A su vez, luego de que concurrieran los empleados de Seguridad Municipal (...), doña Ana Quintana Olguín se volvió a presentar como fiscal adjunto del Ministerio Público para insistir en llevarse el documento antes indicado”, dice la resolución.

Se consignó, además, que “luego de transcurrido un tiempo, llegaron los funcionarios de Carabineros (...) donde doña Ana Quintana Olguín se presentó en una tercera ocasión como fiscal adjunto del Ministerio Público, esta vez para que funcionarios policiales le tomaran una denuncia por el delito de falsificación de Instrumento Público. Con ocasión de los hechos indicados, doña Ana Victoria Quintana Olguín infringió la normativa contenida en el art. 63 letra g) de la Ley N°19.640,orgánica constitucional del Ministerio Público, norma que a su vez está descrita en el art. 40 letra g) del Reglamento de Personal para Fiscales del Ministerio Público ‘usar su autoridad o cargo con fines ajenos a sus funciones’”.

Los descargos de Quintana y su expareja
En el proceso, la hoy subsecretaria realizó sus descargos y rechazó haber incurrido en faltas administrativas.

“En virtud del insistente hostigamiento al que había sido sometida previamente por parte de todos ellos (carabineros y guardias municipales) para averiguar respecto de mi condición o no de Fiscal, les señalé expresamente a ellos que ella (la función) era indivisible, por lo que me daba lo mismo que me dijeran que si era Fiscal o no y que iba a denunciar”, expuso en el sumario.

Además, agregó que “en ejercicio de un derecho como ciudadana a que se tome una denuncia y la negativa de los funcionarios a hacerlo en razón de su cargo es que expresamente contesta que da lo mismo si es o no Fiscal y que dispone de 12 horas para denunciar un hecho constitutivo de delito”.

El conflicto ocurrió en medio de un proceso de separación de su entonces pareja, Andrés Morales, abogado que ha representado distintas causas, entre ellas algunas en defensa de imputados por tráfico de drogas.

Es más, de acuerdo al listado de Contraloría en el cual se registran los abogados que alegan causas de la Ley 20.000, Morales Soza aparece en 169 procesos.

La resolución final
A pesar de sus descargos, la sanción sobre la entonces fiscal Quintana fue confirmada. El fiscal regional Barros formuló cargos, ella apeló ante la Fiscalía Nacional, y finalmente, el organismo central del Ministerio Público, resolvió en contra de la abogada.

En la resolución, el exfiscal nacional, Jorge Abbott, expuso: “Particular cuidado en el uso de su autoridad o cargo deben tener los fiscales del Ministerio Público, porque en ellos se reúne la doble calidad de funcionarios públicos y autoridades de la República. Esa condición, hace exigible un comportamiento acorde a la dignidad del cargo, en el cual siempre debe prevalecer en forma exclusiva el interés público, propio de la función que desempeñan”.

Agregó que “en los hechos que se investigan en este sumario administrativo se concluye que la fiscal hizo uso de su cargo para fines particulares, al requerir del conserje del edificio, la entrega del acta de actuación-notificación que afectaba a su actual pareja, completamente ajena a sus funciones como fiscal adjunta de la Fiscalía de San Miguel”.

Por lo mismo, el exfiscal nacional decidió sancionar a Quintana con una “amonestación privada”, lo que significa la sanción disciplinaria más leve que se aplica a fiscales, y que se traduce como una reprensión verbal y confidencial.