Foto: El ministro de Hacienda Mario Marcel y la directora de Presupuesto, Javiera Martínez

Chile enfrenta una encrucijada fiscal de proporciones. El déficit estructural se mantiene en niveles insostenibles, la deuda pública supera el 40% del PIB —el umbral que varios organismos internacionales consideran crítico para economías emergentes— y la trayectoria de gasto proyectada por el gobierno se sustenta en expectativas de recaudación que la realidad ha desmentido, una y otra vez.

La reciente Ley N° 21.713 de cumplimiento tributario, aprobada en 2024 con la promesa oficial de recaudar 1,5% del PIB (alrededor de 4.500 millones de dólares), ha demostrado ser otro espejismo. Especialistas tributarios y académicos coinciden en que su rendimiento efectivo no superará el 0,5% del PIB, lo que equivale a menos de un tercio de lo comprometido públicamente. Más grave aún: esos recursos eran considerados esenciales por el Ejecutivo para financiar la reforma de pensiones ya aprobada, además de sostener parte del programa de gobierno del presidente Boric. Hoy, ese financiamiento simplemente no existe.

En consecuencia, la discusión del Presupuesto 2026 no puede seguir el curso habitual. El país necesita un ajuste estructural severo, anclado en realismo económico, disciplina fiscal y visión de futuro. La alternativa irresponsable fiscalmente de más endeudamiento, degradación de la clasificación soberana, pérdida de confianza y estancamiento del crecimiento, es simplemente inaceptable.

Este ajuste debe partir por una revisión profunda y sin concesiones del gasto público. Chile cuenta con decenas de programas reiteradamente mal evaluados por la Dirección de Presupuestos, sin impacto real ni justificación técnica. Es hora de priorizar solo aquello que genera valor público, y eliminar lo que no resiste análisis. Del mismo modo, debe ponerse fin a la transferencia discrecional de recursos a privados sin lógica de política pública, a través de convenios con entidades sin competencias acreditadas y trayectoria comprobada. El Estado no puede seguir financiando redes clientelares disfrazadas de intervención social.

A la vez, resulta imperativo apostar por sectores que sí pueden reactivar la economía y mejorar la recaudación en el mediano plazo: ciencia, tecnología, innovación, formación técnica, reconversión productiva, servicios financieros globales con base en Chile, construcción, entre otros. No hay forma de mejorar la sostenibilidad fiscal sin aumentar la productividad y el valor agregado de nuestra economía.

En paralelo, Chile debe regular nuevas industrias con alto potencial recaudatorio, como el juego online. Este mercado, ya activo, pero fuera del control normativo, y que según estudios expertos mueve más de 3 mil millones de dólares anuales, puede generar ingresos fiscales por cerca de 600 millones de dólares anuales aplicando simplemente la misma tasa de impuesto específico que se exige a los casinos físicos (20%). En lugar de buscar tributos donde ya no hay capacidad de pago, el Estado debe modernizar su marco regulatorio y ampliar su base imponible con equidad.

El ajuste estructural del Presupuesto 2026 no será fácil. Pero es necesario. Y postergarlo solo agrava el costo final. Las decisiones que se adopten —o no se adopten— en los próximos meses marcarán el rumbo fiscal y económico de la próxima década.

La disciplina fiscal no es ideología: es la condición mínima para que el Estado pueda cumplir su rol, proteger a los más vulnerables y fomentar el crecimiento. Un ajuste serio y selectivo es hoy el único camino responsable para restablecer el equilibrio de las finanzas públicas, recuperar la confianza ciudadana y sentar las bases de un nuevo ciclo de desarrollo sostenible para Chile.