En momentos en que el gobierno impulsa una agenda de reformas inspirada en postulados ultraliberales -propuestas de rebajas tributarias corporativas, flexibilización ambiental y reducciones significativas e indiscriminadas del gasto público- , resulta pertinente volver sobre una cuestión que ha acompañado a las sociedades modernas desde los orígenes del capitalismo. La relación entre democracia y mercado ha sido objeto de intensos debates intelectuales y políticos durante más de dos siglos. Las circunstancias actuales vuelven especialmente significativa una pregunta fundamental respecto del lugar que corresponde al mercado dentro de una sociedad democrática y de los límites que una comunidad política debe establecer frente a la expansión de la lógica mercantil.

Por ultraliberalismo se entiende aquí aquellas corrientes de pensamiento económico que atribuyen al mercado una capacidad superior para resolver la mayor parte de los problemas sociales y económicos, que consideran el crecimiento económico como objetivo predominante o cuasi único de la acción pública, que minimizan la relevancia de las fallas de mercado y que observan con desconfianza la intervención estatal. Se trata de una visión que identifica la regulación principalmente con restricciones, que deposita una confianza considerable en los mecanismos espontáneos de asignación de recursos y que tiende a concebir la deliberación democrática como una fuente potencial de distorsiones respecto de los resultados que produciría el mercado actuando con menores restricciones.

La experiencia histórica permite responder una parte importante de esta discusión. Los mercados constituyen una de las instituciones más eficaces que la humanidad ha desarrollado para coordinar actividades económicas complejas. Su capacidad para movilizar información dispersa, estimular la innovación y promover aumentos sostenidos de productividad explica una parte importante del progreso material alcanzado por las sociedades modernas. Las economías cerradas y los sistemas de planificación centralizada demostraron poseer severas limitaciones para generar crecimiento, adaptarse al cambio tecnológico y responder a las necesidades de sociedades cada vez más complejas.

La discusión contemporánea no gira en torno a la conveniencia de contar con mercados dinámicos. Ella se refiere más bien a las condiciones institucionales bajo las cuales los mercados operan y a la forma en que estos se articulan con los principios democráticos.

La tradición liberal clásica comprendía esta cuestión con bastante más prudencia de la que suele atribuirle una parte de sus intérpretes contemporáneos. Adam Smith advertía sobre los peligros de los monopolios y sobre la tendencia de determinados actores económicos a utilizar su influencia para obtener privilegios. Friedrich Hayek insistía en la necesidad de reglas generales y estables que permitieran el funcionamiento de una economía libre. Ninguno de ellos imaginó una sociedad en que todas las relaciones humanas quedaran subordinadas a criterios estrictamente mercantiles.

La principal dificultad del ultraliberalismo contemporáneo radica en su tendencia a extender la lógica de mercado hacia ámbitos cada vez más amplios de la vida colectiva. La regulación aparece frecuentemente como una sospecha, la acción pública como una fuente de ineficiencias y las instituciones democráticas como obstáculos que dificultan la operación de mecanismos que supuestamente producirían resultados superiores si se les permitiera actuar sin mayores restricciones.

El problema es que los mercados reales operan en condiciones muy distintas a aquellas descritas por los modelos teóricos más simples. Externalidades, asimetrías de información, barreras de entrada, posiciones dominantes y problemas de coordinación forman parte habitual del funcionamiento de las economías contemporáneas. La economía keynesiana, la economía institucional y buena parte de la investigación económica desarrollada durante las últimas décadas han mostrado que el funcionamiento eficiente de los mercados depende de marcos regulatorios e instituciones capaces de enfrentar esas limitaciones.

La cuestión ambiental ofrece un ejemplo particularmente ilustrativo. La contaminación de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático involucran costos que muchas veces permanecen fuera de los cálculos privados de corto plazo. Cuando se promueven procesos de desregulación ambiental bajo la promesa de acelerar el crecimiento económico, una parte importante de esos costos termina siendo absorbida por el conjunto de la sociedad o trasladada hacia las generaciones futuras. La regulación ambiental responde precisamente a la necesidad de incorporar esas consecuencias dentro de los procesos de decisión económica.

Lo ocurrido en Chile aporta elementos especialmente relevantes para esta discusión. Algunos insisten en presentar al país como una demostración concluyente de las virtudes del neoliberalismo económico. Una revisión más cuidadosa de la historia económica ofrece una imagen considerablemente más compleja.

Durante la dictadura militar se implementó uno de los experimentos neoliberales más radicales observados en el mundo en desarrollo. Aquellas transformaciones se realizaron bajo condiciones políticas excepcionales, sin competencia electoral, deliberación pública ni mecanismos democráticos de control. El crecimiento económico fue concebido como objetivo prioritario de la política pública y se depositó una elevada confianza en la capacidad de los mercados para asignar recursos de manera eficiente.

Pese a la profundidad de las reformas implementadas, los resultados económicos estuvieron lejos de constituir el supuesto milagro que posteriormente buscaría instalar una parte importante del mundo derechista. El crecimiento promedio del PIB durante los diecisiete años del régimen alcanzó apenas un 2,9% anual según los cálculos de Ffrench-Davis, cifra que es manifiestamente insuficiente para sostener esa narrativa. La economía chilena experimentó además fuertes episodios de volatilidad, acumuló desequilibrios financieros significativos y terminó enfrentando en 1982 una de las crisis económicas más severas de su historia. A ello se sumó un importante aumento de la pobreza y un deterioro significativo de la distribución del ingreso.

La propia evolución del régimen militar resulta reveladora. Tras la crisis de 1982, la dictadura se vio obligada a introducir correcciones importantes a su orientación original. La regulación financiera fue fortalecida, aumentó la intervención estatal en determinadas áreas y varias de las convicciones doctrinarias que habían orientado la primera etapa fueron abandonadas. La realidad económica terminó imponiendo restricciones que la teoría había subestimado.

La transición democrática dio origen a una estrategia distinta. Patricio Meller ha mostrado que los gobiernos de la Concertación incorporaron dimensiones prácticamente ausentes en la concepción ortodoxa. La preocupación por la pobreza, la distribución del ingreso, la gobernabilidad democrática, las fallas de mercado, la competencia efectiva y las políticas macroeconómicas contracíclicas pasó a ocupar un lugar central en el diseño de las políticas públicas.

La economía de mercado fue preservada, pero quedó integrada dentro de un marco institucional más amplio. El Estado asumió responsabilidades vinculadas a la regulación, la cohesión social y la ampliación de oportunidades. Los mercados continuaron desempeñando un papel fundamental en la asignación de recursos, pero dejaron de ser concebidos como mecanismos autosuficientes capaces de resolver por sí solos los principales desafíos del desarrollo.

Esa estrategia incluyó además herramientas que desafiaban abiertamente la ortodoxia vigente, como la regulación de los capitales especulativos de corto plazo mediante el encaje y un sistema de bandas cambiarias orientado a proteger la competitividad exportadora. Ffrench-Davis ha mostrado que fue precisamente ese componente heterodoxo el que permitió sortear crisis financieras internacionales como la mexicana de 1994 sin los costos que sufrieron otros países de la región.

Los resultados más exitosos coincidieron precisamente con este período. Entre 1990 y 2013 el país experimentó elevadas tasas de crecimiento, una reducción extraordinaria de la pobreza, mejoras sustantivas en educación y salud, estabilidad macroeconómica y un fortalecimiento sostenido de sus instituciones democráticas. La evidencia disponible sugiere que esos resultados encuentran una explicación más convincente en la combinación de mercados dinámicos, políticas públicas activas e instituciones democráticas sólidas que en la aplicación pura de las recetas neoliberales originales.

Persistió, sin embargo, una limitación importante. La desigualdad mostró una capacidad de permanencia considerablemente mayor que la pobreza. Chile se transformó en una sociedad más próspera, pero continuó exhibiendo niveles de concentración económica superiores a los observados en la mayoría de las economías desarrolladas.

Las implicancias de este fenómeno exceden ampliamente el ámbito distributivo. La concentración extrema de recursos económicos altera las condiciones bajo las cuales opera una democracia. Cuando la riqueza se concentra excesivamente, aumenta la capacidad de los grupos dominantes para influir sobre las decisiones públicas, moldear regulaciones y preservar posiciones privilegiadas.

La literatura contemporánea ha prestado creciente atención a estos procesos. La concentración económica favorece la búsqueda de rentas y reduce los incentivos orientados hacia la innovación y la productividad. Los esfuerzos comienzan a dirigirse con mayor intensidad hacia la preservación de ventajas adquiridas y hacia la obtención de privilegios regulatorios.

La última década ofrece ejemplos ampliamente conocidos. Los casos de colusión empresarial, financiamiento irregular de la política y conflictos de interés contribuyeron fuertemente a erosionar la confianza ciudadana en las instituciones. La percepción de que determinados grupos empresariales disponían de una capacidad de influencia desproporcionada terminó debilitando la convicción de que las reglas eran aplicadas de manera equitativa.

El estallido social de 2019 tuvo causas múltiples y complejas. Ninguna explicación aislada resulta suficiente para comprender un fenómeno de tal magnitud. Sin embargo, la persistencia de elevados niveles de desigualdad, la percepción de abusos reiterados y la existencia de oportunidades distribuidas de manera profundamente asimétrica formaron parte de los factores que hicieron posible aquella crisis.

Existe además un problema mayúsculo que debería ocupar un lugar mucho más relevante en el debate actual. El principal desafío que enfrenta hoy la economía chilena corresponde al prolongado estancamiento de la productividad. Desde hace más de una década el país muestra evidentes dificultades para generar aumentos significativos en esta materia.

Las mejoras sostenidas en productividad dependen de la innovación, de la incorporación tecnológica, de la investigación científica, de la calidad de la educación, de la capacitación laboral, de la competencia efectiva y de instituciones capaces de favorecer actividades de mayor valor agregado.

Resulta llamativo que una parte importante de las propuestas actualmente impulsadas para acelerar el crecimiento concentre su atención en la reducción de impuestos y en la flexibilización regulatoria, dedicando una atención muy menor a los factores que explican la productividad de largo plazo.

La omisión resulta particularmente evidente en materia de competencia. Diversos estudios han documentado elevados niveles de concentración en sectores relevantes de la economía chilena. Las barreras de entrada existentes en numerosos mercados limitan la aparición de nuevos actores y reducen los incentivos para innovar.

La competencia constituye uno de los motores fundamentales de la productividad. Cuando predominan estructuras altamente concentradas, aumentan las rentas extraordinarias, disminuyen los estímulos para innovar y se reducen las oportunidades para nuevos emprendimientos.

La concentración económica produce además consecuencias políticas. Los recursos acumulados pueden transformarse en influencia regulatoria y capacidad de presión sobre las instituciones públicas. Se configura así una dinámica de búsqueda de rentas que termina afectando simultáneamente la eficiencia económica y la calidad de la democracia.

Resulta paradójico que una agenda y una retórica que reivindican tan fuertemente las virtudes del mercado otorgue una atención tan limitada a la defensa de la competencia. Después de todo, es precisamente ella la que permite distinguir una economía de mercado de un sistema caracterizado por privilegios y posiciones dominantes de grupos minoritarios.

La promesa de recuperar elevadas tasas de crecimiento sin abordar seriamente los problemas de productividad y competencia corre el riesgo de transformarse en una nueva fuente de frustración colectiva. Durante la última década la política chilena ha experimentado sucesivas alternancias pendulares entre proyectos de signo ideológico cada vez más extremo. En cada ocasión han surgido expectativas de transformaciones profundas que posteriormente encontraron severas dificultades para materializarse.

La experiencia histórica deja una conclusión relativamente clara. Las sociedades económicamente más exitosas han combinado mercados dinámicos con instituciones eficaces, Estados capaces, competencia efectiva y mecanismos destinados a impedir concentraciones excesivas de poder económico y político.

La prosperidad sostenible surge cuando libertad económica, transparencia, competencia y cohesión social avanzan conjuntamente. El retorno del ultraliberalismo parece olvidar esta lección. Su principal debilidad radica en una confianza excesiva en las capacidades autorreguladoras de los mercados y en una subestimación de los problemas asociados a la desigualdad, la concentración económica, la captura institucional, la debilidad de la competencia y el estancamiento de la productividad.

La situación chilena ofrece razones para actuar con prudencia frente a esas promesas. Las etapas más exitosas de nuestro desarrollo coincidieron con la construcción de un equilibrio entre economía de mercado, instituciones democráticas, regulación eficaz y políticas públicas orientadas al bienestar colectivo. Fue ese equilibrio, y no la adhesión a fórmulas doctrinarias, el que permitió compatibilizar crecimiento económico, estabilidad institucional y progreso social. En tiempos de retorno del ultraliberalismo económico, ignorar esa lección no es solo un error intelectual. También constituye un riesgo político que la dirigencia democrática  prudente  no debería darse el lujo de cometer.