Dichas irregularidades dicen relación con un supuesto mal uso de la Subvención Escolar Preferencial (por $931 millones), dineros que fueron destinados a la compra de distintos elementos para dos liceos de la comuna: María Luis Bombal y Técnico de Valparaíso. En el informe también se señala que alumnos de dos establecimientos habrían sido utilizados para "para trabajar como garzones y cocineros, siendo menores de edad y sin autorización expresa para efectuar esa actividad". Un comunicado de Sáez -quien está desde 2017 en el cargo- asegura que ha mantenido siempre un "compromiso con la probidad y la transparencia en la gestión".

 

Allí también explica que decidió no renunciar según le fue solicitado, argumentando que "las razones tienen que ver con ni la Contraloría ni ningún otro órgano fiscalizador ha determinado que las situaciones expuestas en el informe final de Contraloría sean de mi responsabilidad administrativa". "La decisión del Alcalde se trata más bien de una medida política apresurada , en la cual se me utiliza como chivo expiatorio para dar respuesta a la presión política que desde distintos campos se ha puestos sobre él", complementa Sáez.

 

Asimismo, expuso que "mi decisión de no renunciar fue comunicada al director de la Cormuval inmediatamente después de que me fuera solicitada la renuncia, sin embargo posteriormente el alcalde anunció mediante una transmisión en redes sociales que en los próximos días anunciará a un nuevo director del área de Educación, sin hacer mención alguna a eventuales responsabilidades de otros funcionarios o funcionarias de Cormuval, como el como el propio gerente, la ex directora de Finanzas o el director del Área Jurídica".

 

"Junto a esto he decidido tomar las acciones legales que correspondan tanto para defender mis derechos laborales, soy trabajadora de la Cormuval de hace 17 años, mucho antes de ser Director del área de Educación, como para esclarecer mi responsabilidad en los hechos evidenciados por la Contraloría", finalizó.

 

El Gobierno señaló que "son hechos graves que tienen que ser investigados", mientras que desde el Frente Amplio ya condicionaron el apoyo a los resultados de la justicia respecto a la indagatoria. Alondra Arellano, presidenta de la excolectividad de Sharp, Convergencia Social, quien sostuvo que, "como Frente Amplio tenemos la responsabilidad de ser coherentes con nuestros principios éticos, por lo tanto, vamos a esperar los descargos del municipio y si la justicia determina que existe responsabilidad de la alcaldía, claramente no podremos apoyar su candidatura", según consigna El Mercurio.