La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el procesamiento dictado por el ministro en visita extraordinaria Mario Carroza de tres oficiales en retiro del Ejército por su responsabilidad en la sustracción o destrucción de archivos microfilmados de la Central Nacional de Informaciones (CNI), la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, sucesora de la DINA.

Los delitos acreditados ocurrieron entre 2000 y 2001 en la Escuela de Inteligencia del Ejército, ubicada en la localidad de Nos, comuna de San Bernardo, al sur de Santiago. Entre esa información incinerada y destruida estaba información clasificada sobre el crimen del Presidente Eduardo Frei Montalva que fue envenenado por personal del Ejército y médicos ligados a la policía secreta del dictador.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Miguel Vázquez, Elsa Barrientos e Inelie Durán– confirmó la resolución apelada, con declaración de que la ex teniente coronel Mercedes del Carmen Rojas Kuschevich queda sometida a proceso en calidad de autora del delito.

En tanto, la resolución mantuvo los procesamientos y grados de participación del general en retiro y ex director de inteligencia del Ejército Eduardo Jara Halld, en calidad de autor del delito; y del ex jefe del Estado Mayor General del Ejército general Carlos Patricio Chacón Guerrero, como encubridor.


El fallo sostiene que "la resolución impugnada, a prima facie, reúne los requisitos legales antes reseñados, atento que, la descripción del verbo rector del delito previsto en el artículo 242 del texto penal, en su modalidad de 'destrucción' de documento por funcionario público, elementos del tipo que están claramente acreditados, desde que la destrucción de los documentos y la calidad de funcionarios públicos, son hechos indiscutibles y, en cuanto a la participación, está debidamente demostrada con el reconocimiento que se refleja en sus dichos".

La resolución agrega que: "La pretensión de los querellantes, atiende a la modificación de la responsabilidad que cabe en los hechos a la procesada Mercedes Rojas, de cómplice a encubridora, en tanto expresan que tuvo una participación directa e inmediata en la figura penal descrita, puesto que teniendo a su cargo la custodia de documentos que provenían del Centro Nacional de Inteligencia, ordenó a subalternos proceder a su incineración".

"Que, es así que en lo tocante a la participación de Mercedes del Carmen Rojas, ella debe ser modificada, atento, como ya se ha dicho, que ella ordenó a sus subordinados la destrucción de los documentos que estaban bajo su cuidado y responsabilidad, lo que constituye la forma de autoría descrita en el N°1 del artículo 15 del Código Penal", agrega el dictamen.

Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), según cifras oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.