Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico, fue muy dura con los profesionales que venden licencias médicas y de esta manera, abordó el plan de acción ante el escándalo por la venta y uso fraudulento de licencias médicas.

La presidenta del gremio afirmó que "estamos profundamente consternados e indignados" por los casos de doctores que emitieron licencias fraudulentas y quienes la usaron para asistir partos en centros privados y fue enfática al condenar este tipo de prácticas, calificándolas como delitos graves cometidos por profesionales de la salud.

“Un médico que vende licencias es un delincuente de bata blanca”, afirmó Arriagada. 

Se reveló que 250 médicos que cumplen función pública y que, en un lapso donde registraban licencia médica, asistieron partos en recintos privados. En total, fueron 440 justificativos los vinculados a estos casos y se habrían asistido 710 partos. Incluso, un funcionario se habría otorgado a sí mismo una licencia para atender una de esas labores.

Sobre las sanciones que arriesgan esos profesionales involucrados en la venta o entrega de licencias, Arriagada mencionó que "están establecidas en nuestro Código de Ética y en el funcionamiento de los tribunales. Las sanciones pueden ir de amonestaciones hasta la destitución como miembro de la orden colegial".

La dirigenta detalló una serie de medidas impulsadas por el Colegio Médico para abordar el problema:

Oficio al Ministerio de Salud y Contraloría: El gremio solicitó oficialmente las identidades de los médicos involucrados para iniciar acciones internas.

Revisión ética: Se espera remitir los antecedentes a los tribunales de ética del Colmed, además de los sumarios administrativos en curso.

Fortalecimiento institucional: Arriagada informó que se reforzarán los tribunales de ética, especialmente en regiones donde aún no estaban completamente conformados.

Coordinación con la Fiscalía Anticorrupción: Esta semana, representantes del Colmed se reunieron con la Fiscalía Anticorrupción para establecer un protocolo antifraude y mejorar los canales de comunicación.

Finalmente, el Ministerio de Salud y otras instituciones del Estado también han anunciado investigaciones en curso y medidas para detectar y sancionar este tipo de prácticas.