Desde estas páginas digitales hemos señalado en el Chile moderno la ciudadanía da relevancia a la adecuada gestión de las políticas públicas y que estas apunten efectivamente a mejorar la calidad de vida de las familias de clases medias y sectores vulnerables.

La ciudadanía desconfiada de la política en general no busca discursos largos ni promesas incumplibles, lo que anhela es mejorar su calidad de vida, que esta no se deteriore por el alto desempleo, por la inflación. Quiere que exista protección ante las enfermedades y el reciente episodio sobre los virus respiratorio, la muerte de lactantes producto de la mala coordinación de los sistemas público y privado que debía tener disponibles camas críticas. Esta gestión la debía realizar un  exsubsecretario y significó su renuncia o despido cuando quedó claro ante la opinión pública que no había realizado el trabajo de coordinación con clínicas privadas.

Los deseos y prioridades discursivas de las autoridades se juegan en la gestión para resolver los problemas que aquejan a los distintos actores de la sociedad; la única excepción es cuando ocurren episodios imprevistos como lel terremoto del 27 de Febrero de 2010 u ocurren desastres sorpresivos que significan las inundaciones de casas, calles y comunas que provocan los ríos y otros cauces, producto de la fuerte lluvia que cayó en estos días.

Pero hay terremotos y temporables invisibles que ya se sentían, pero no habían sido medidos como ocurrió con SIMCE 2022.

Para ningún sector de la sociedad fue una sorpresa la caída de los aprendizajes en matemáticas y en lecto escritura; lo que preocupa es que MINEDUC no haya tenido un Plan de Reconstrucción Educativa desde el inicio de este año escolar como se lo solicitaron en noviembre 2022 transversalmente en el Senado en el marco del debate de la ley de presupuesto 2023.

Hoy con los resultados a la mano se debía acelerar la implementación de un Plan de Reconstrucción Educativa para que llegara a todos los colegios que presenten caídas sustantivas de los aprendizajes. Hoy no hay eso, ni tampoco hay un financiamiento fiscal adicional que permita llegar ahí donde debe remediarse el problema o sea en la sala de clases y en los colegios.  

En EEUU la administración Biden -a mitad de 2022- implementó un plan multimillonario de recuperación, con horas extra escolares, clases en verano, tutorías, y software en las escuelas. Invirtió millones de dólares en cerrar las brechas educacionales que produjo la pandemia y aquí estamos lejos de esa conversación producto de la falta de liderazgo del MINEDUC, porque a nivel de la sociedad, expertos, parlamentarios han reiteradamente llamado a implementar un real Plan de Reconstrucción Educativa.

En medio de este panorama se conoció la denuncia de un Convenio vía trato directo con la Seremía de Vivienda de Antofagasta con una Fundación ligada a la diputada Catalina Pérez y a Revolución Demócratica y que dirigía su pareja, que fue formada diez días antes de asumir el nuevo gobierno. Estos millonarios convenios fueron por 426 millones de pesos y después se conocieron antecedentes que ese Seremi de Vivienda -ex jefe de gabinete de la diputada Pérez- había repetido los tratos directos y habría asignado cerca de $3.000 millones.

En otras Seremis de Vivienda del país se repitieron asignaciones directas a Fundaciones amigas del Frente Amplio y RD como ProCultura, Urbanismo Social, por nombrar algunas.

Estos tratos directos en el MINVU fue una mala sorpresa en el Parlamento ya que desde hace años los parlamentarios de centroizquierda postulaban limitar y solo autorizar excepcionalmente los tratos directos, privilegiando el concurso público como mecanismo de asignación en sistema de compras públicas y así ocurrió con la reforma a ley de compras públicas donde en cuya tramitación el Contralor Bermudez llamó la atención a la debilidad del proceso concursal y al preocupante aumento de los tratos directos.

En ese proyecto de ley que está en trámite constitucional en la Cámara de Diputados se limitó al máximo las asignaciones directas y también en artículo 23 de la ley de presupuesto 2023 se estableció que “El concurso será obligatorio para la asignación de recursos correspondientes a transferencias corrientes a instituciones privadas”.

Lamentablemente estos resguardos legales fueron burlados en las Seremis del MINVU vía estos programas ligados a la erradicación de campamentos.

Los tratos directos tienen olor a fórmulas corruptas y se entendía que este nuevo gobierno iba a limitarlos al máximo y la desagradable sorpresa con este episodio es que no se limitó sino que se aumentó.

La corrupción es un mal que está destruyendo la democracia y aquí vemos la negligencia de una subsecretaria de Vivienda que supo de esta situación hace 50 días, no informó al Ministro que es su superior sobre estos tratos directos en las diversas reparticiones regionales del Ministerio. La subsecretaria (RD) fue desvinculada por orden del presidente Boric y asumió su responsabilidad política.

Este y otros episodios ocurridos en esta administración revelan que no hay superioridad moral, ni menos se combate a la corrupción enquistada en las filas de un partido de gobierno. Con los tratos directos podemos encontrarnos con un ecosistema de corrupción operado por esta asociación ílicita que por la vía de convenios y tratos directos se quedó con recursos públicos que debieron ir a las poblaciones vulnerables.

Es muy grave lo ocurrido y esperamos que estos hechos permitan reemplazar a estos operadores políticos y cambiarlos por autoridades con capacidad y experiencia para gobernar en beneficio de la población vulnerable del país que aún sigue esperando una mejor vida.