Oh I'm just counting

Editorial Cambio21. Chile no es un país seguro: Otra vez la realidad desmiente el discurso oficial

El subsecretario del Interior la semana pasada y esta semana, la ministra vocera han señalado que Chile “es un país seguro”. Lamentablemente la realidad los desmintió rápidamente.

Este fin de semana conocimos el asesinato de 4 jóvenes adolescentes de Quilicura que fueron atacados por una banda narco en la Villa Silva Henríquez de esa comuna; además hubo otras muertes en Renca, Viña del Mar lo que sumaron 10 homicidios violentos este fin de semana.

Es claro que ha aumentado la presencia delictual de las bandas narcos u del crimen organizado en diversas comunas del país, han aumentado los homicidios de adolescentes en un contexto de mayor deserción escolar en el mundo popular y es claro que las bandas delictuales están usando más a “los jóvenes-soldados”.

Según el Ministerio Público los homicidios en Chile en contra de menores pasaron de 45, registrados en 2016, a 66 en 2023, lo que representa un incremento del 47% en ocho años. Este dato no puede pasar desapercibido en aquellas comunas donde, en paralelo ha aumentado la deserción escolar. Según informe de Fiscalía, la mayoría de las muertes ocurrieron en el contexto de una “actividad delictiva” que, de acuerdo con el documento, agrupa las categorías de disparos por “bala loca”, homicidio relacionado con grupos delictivos organizados o pandillas y ataques por desconocidos sin aparente provocación.

Esta situación de mayor violencia en los barrios no se puede negar, claramente esta asociado al mayor poderío del crimen organizado, con algunas bandas nacionales, pero también de bandas que nacen de la inmigración ilegal.

Insistimos esta inseguridad debe asumirse como tarea de Estado, en que exista un acuerdo político para combatir por distintas vías a esta pandemia que es el crimen organizado.

Un aspecto importante es relevante incrementar el presupuesto en seguridad, pero es muy preocupante que programas nuevos ubicados en la Subsecretaría del Interior como Plan Calles Sin Violencia al mes de mayo tengan 0% de ejecución de los US$ 15,0 millones de este año y el plan contra el crimen organizado solo lleve un 22% de los US$ 83,0 millones asignados. Mejor ejecución presenta la Subsecretaría de Prevención del Delito que ha ejecutado a mayo un 49% de su presupuesto de US$ 80 millones.

Estos recursos sumados a los que reciben Carabineros, PDI, Fiscalía corresponden al presupuesto en seguridad y son claramente insuficientes para luchar contra el crimen organizado y brindar seguridad a la población.

Combatir en las comunas y en las zonas rojas donde dominan las bandas delictuales requieren una intervención mayor del Estado; en el caso de Quilicura, hace años que las autoridades comunales denuncian la insuficiencia de la dotación de Carabineros, especialmente de la Comisaría que está a cuadras de esas villas hoy con fuerte presencia delictual; además, no hay planes para disminuir la deserción escolar y dar una formación educativa de calidad que eviten que los jóvenes sean “enganchados”  como soldados narcos vía las barras bravas y otras iniciativas que desarrollan los grupos narcos en las poblaciones.

Es muy grave que el Plan Calles Sin violencia a mayo tenga 0% de ejecución, ya que fue anunciado como el principal plan gubernamental para combatir a la delincuencia. Esto no puede pasar desapercibido.

Razón tiene el Presidente de la Comisión de Seguridad del Senado al exigir celeridad en la modernización de las policías, liberando a las instituciones de funciones que no están ligadas al combate del delito y del crimen organizado; también quienes plantean la urgencia de reforzar el control de las armas ilegales y callejeras, ya que hay demasiadas bandas con alto poder de fuego en las distintas ciudades del país.

Claramente Chile no es un país seguro y por eso hay una mayoría ciudadana que exige acción eficaz del Estado en esta lucha. Tanto discurso y cuñas grandilocuentes que no se cumplen, lo único que están generando es una fuerte desconfianza en las instituciones democráticas para combatir los delitos.
Se requieren acuerdos políticos transversales para combatir a la delincuencia y esto no puede seguir postergándose.