Sospechoso y raro.

Con esas dos ideas cerró su debate en una importante radio capitalina, el exministro Cristián Monckeberg, cuestionando el rol que jugó  la Superintendencia de Casinos de Juego, en la mega millonaria colusión, delitos e ilícitos de las tres más importantes empresas de casinos del país. 

El exparlamentario se refería a las "ofertas sospechosas" que hicieron Dreams, Enjoy y Marina del Sol para ganarse todas las licitaciones de casinos entre 2019 y 2021, licitaciones que organizó la Superintendencia de Casinos de Juego y que posteriormente avaló un Consejo Resolutivo que encabeza en la actualidad la subsecretaria de Hacienda Heidi Berner.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) dio a conocer a través de un requerimiento que Dreams, Enjoy y Marina del Sol se coludieron y pactaron que cada una ofertaría por la renovación de los permisos o licencias que en ese momento poseían, sin enfrentar competencia. Consiguieron su objetivo logrando adicionalmente el pago de una oferta económica más baja que la que hubiese resultado en un marco de libre competencia y así se ahorrarían millones de dólares.

Sospechoso, raro.

La colusión de casinos puede parecer más lejana que la colusión del papel higiénico, los medicamentos o los pollos, porque afecta a mucha más gente, impacta mucho más masivamente, pero es tan grave como las anteriores, porque los municipios, Gobernaciones y el Estado mismo, dejan de recaudar esos recursos que son para beneficio social de los más pobres, donde están instalados esos casinos.

Por eso es que la multa, la más alta de la historia de Chile, de 152 millones de dólares para las tres empresas, viene a remediar el grave ilícito por que los municipios y Gobernaciones en todo el país no van a poder atender a los adultos mayores, tener jardines infantiles municipales, dotar de luz, agua a sectores rurales o alejados de las ciudades, entregar alimentación a los niños y niñas de colegios municipales y un sinnúmero de otras obras sociales que dejarán de realizarse por esta colusión.

Monckeberg se hace una pregunta que es obvia y que tiene que ver con la Superintendencia: ¿Cómo no se dio cuenta?

Sospechoso, raro.

Y agregó que "es raro cómo la Superintendencia o el funcionario de la Superintendencia de la época no se dio cuenta de que hay ofertas muy altas y un grupo, todos juntitos, de empresas distintas con una oferta agrupada muy baja".

Sospechoso, raro.

Lo que sabemos es que la propia Superintendencia hizo la denuncia a la Fiscalía.

Pero ¿porqué no detuvieron esas entregas de licencias de los casinos coludidos, si tenían sospechas de esos ilícitos? Lo podrían haber hecho, pero no lo hicieron. Y siguieron con las licitaciones entregando licencias a los coludidos.

El expresidente de la Asociación de Casinos de Juego, el abogado Ricardo  Abdala, es más duro y concreto: la Superintendencia debió haber intervenido cuando se detectaron las primeras anomalías.

Abdala señala que "la principal responsable por la falta de competencia es la Superintendencia de Casinos de Juego". Y agrega que la colusión se podría haber evitado, pero lo que ocurrió frente a esos actos es que no hubo la debida fiscalización y que la Superintendencia cambió las condiciones del mercado al impulsar unas nuevas licitaciiones" 

Sospechoso, raro.

Y el expresidente de la Asociación de Casinos Ricardo Abdala cierra con una idea que deberá ser investigada:

¿Cómo es que se adjudican los permisos, las licencias, las licitaciones los casinos coludidos? "A los mismos que la Superintendencia denunció, les adjudicó las mismas plazas de casino a sabiendas de que presumía que había colusión. No suspendió el proceso ni declaró desierta las licitaciones".

Más sospechoso y raro.

Adelantándose a lo ocurrido, en marzo de este año, la Contraloría General de la República, instruyó en forma clara y precisa respecto de los destinos que deben darse a los ingresos municipales provenientes de las ofertas económicas de los casinos de juego. 

El dictamen define a la oferta económica como aquel monto de dinero expresado en unidades de fomento, ofrecido por una sociedad postulante a un permiso de operación o renovación para explotar un casino de juego y recaudado por la Tesorería General de la República que será pagado anualmente a la municipalidad y Gobernación correspondiente a la comuna y región donde se encuentre ubicado el casino.

Conocidos los hechos que se traducen en la grave colusión de los mas grandes casinos de juego del país, claramente queda de manifiesto el daño directo ocasionado a aquellas comunas y regiones donde se emplazan. Acordaron no competir para ahorrarse millones de dólares, pero generándole un grave daño a los más pobres de las zonas donde pertenecen esos casinos.

El Estado deberá necesariamente, actuar al margen de las infracciones a la libre competencia, sino que deberá accionar para que los derechos de municipios y gobiernos regionales directamente afectados sean restituidos y resarcidos.

Si no quedará retumbando las repetidas ideas: 

Sospechoso y raro