El ministro de Educación Nicolás Cataldo en las últimas semanas realizó un fuerte despliegue comunicacional y de reuniones con diversos actores políticos y sociales para presentar su proyecto de reforma al CAE -principal promesa frenteamplista en la campaña presidencial del 2021-. La condonación total de deudas por CAE fue la promesa que movilizó electores en su favor y que ha sido un dolor de cabeza cumplirla para el Frente Amplio en estos años de gobierno.

Finalmente ha trascendido que no habrá condonación total del CAE, sino un programa “fuertemente focalizado de condonación”; pero para otros políticos jóvenes seguir promoviendo la condonación del CAE es un fetiche o signo de identidad de que aún quedan en pié algunas promesas de su campaña del 2021, que incluía la gratuidad del transporte público, la reforma de Carabineros, pagar deuda histórica a profesores, poner término al amiguismo en los cargos públicos y un largo etcétera que claramente el gobierno NO ha cumplido; por tanto, mantener vivo lo de condonar el CAE es una autoafirmación para sus asambleas que “no han abandonado todas sus banderas” y es también mantener cautivo a su nicho electoral con la posibilidad de cumplir su promesa, aunque sea una.

Por eso a 40 días de nuevas elecciones reviven el tema del proyecto de condonar el CAE buscando reactivar la adhesión electoral para sus candidatos municipales y regionales del Frente Amplio; pero 3 años después hay una opinión pública y una parte importante de la ciudadanía que percibe que la educación que están recibiendo miles de niños/as y jóvenes es de muy mala calidad y que la prioridad política del mundo democrático no debiera estar en condonar el CAE sino en mejorar la calidad educativa, desde la base que es la educación de la primera infancia.

Ya hay mucha opinión pública que sabe que la inversión pública en educación superior es 1,1% del PIB contra una media de 1,0% del PIB a nivel OCDE. Ya muchos se preguntan que tiene más impacto en mejorar la productividad del país si seguir gastando en educación superior para un nicho electoral o asumir el desafío de mejorar la educación inicial, los aprendizajes básicos, la educación técnica, que se requiere resolver una multiplicidad de problemas como es la infraestructura escolar -como lo reveló la crisis de los SLEPS de Atacama- o los problemas de violencia escolar que viven distintos colegios del país.

Una reciente encuesta IPSOS reveló que para el 48% del país la calidad del sistema educativo es mala y solo para  una minoría del 16% es buena. Sobre el impacto en reducir desigualdades sociales de parte del sistema educativo hay un 52% de la población que no percibe ese impacto en mayor equidad social.

Cuando se pregunta a la ciudadanía sobre los desafíos futuros en el campo educativo destaca que para un 44% aún subsiste un acceso desigual a la educación, para 41% las salas de clases tienen demasiado alumnos y para 31% existe una infraestructura escolar inadecuada; por eso, sostenemos que las mayorías ciudadanas siguen teniendo una opinión crítica sobre la actual educación y la promesa de mejorar la calidad educativa para las mayorías sigue siendo una asignatura pendiente para los sectores democráticos que se comprometieron con la reforma educativa en los 90’.

La más reciente encuesta Plaza Pública de Cadem, también se centró sobre el proyecto de "condonación" del Crédito con Aval del Estado (CAE) que el Gobierno tiene previsto presentar.

Según los resultados, solo un 14% de los encuestados considera esta condonación como la reforma "más relevante" para el futuro del país, y apenas un 10% la ve como el "principal problema de la educación".

En un escenario donde se destinaran más recursos a la educación, un 20% de los consultados opina que estos fondos deberían ser utilizados para "Condonar a los deudores del CAE", aunque esta opción fue la prioridad para solo el 9% de los encuestados.

La actual implementación de la ley de Educación Pública ha mostrado diversas situaciones complejas como la crisis de los SLEPS Atacama, las dificultades en los traspasos, los efectos en menor asistencia escolar y en mayor violencia en la convivencia escolar que muestran los colegios desde la post pandemia.

En materia de estándares de aprendizaje el último SIMCE reveló que el deterioro generado por la pandemia se recuperó, pero solo se volvió a los niveles pre pandemia que eran insuficientes.

No hay mucho que destacar por efecto de la nueva educación pública ya que para 48% de la población la educación sigue siendo mala. A nivel de Educación Superior hay una mayor satisfacción social ya que 61% reconoce que Universidades y otras instituciones preparan adecuadamente a los estudiantes para el mundo laboral.

Centrarse como principal impulso educativo en condonar el CAE es una cuestión de minorías, que solo importa a un nicho como son el flujo de deudores que antes votaron por el Frente Amplio y el PC y no se centra en la demanda de las mayorías que quieren tener un sistema educativo de calidad, con buenos colegios a lo largo del país, donde la calidad educativa no está definida por el nivel de ingreso familiar y esos desafíos democráticos aún no se han cumplido por tanto, el mundo demócratico debería reivindicar la importancia de producir una educación de calidad para todas/os como clave del desarrollo democrático futuro y diferenciarse de los discursos de nichos que propone la izquierda frenteamplista.

Ojalá el mundo democrático sintonice con las mayorías de cara al futuro y reivindique como su agenda principal tener más seguridad, recuperar crecimiento económico y generación de empleos y que el país tenga una educación de calidad.