Todas las encuestas muestran una clara ventaja del Rechazo sobre el Apruebo para el plebiscito de salida que se realizará el 4 de septiembre próximo.
Este plebiscito se realizará con voto obligatorio por tanto una de las incógnitas es a cuanto llegará el nivel de participación, considerando que hay 15 millones de ciudadanos habilitados para votar. Los analistas electorales estiman un mayor grado de participación que la segunda vuelta presidencial 2021, pero se ve difícil llegar a una participación de 10 millones de electores.
Otro tema en discusión es sobre el nivel de polarización en que está la sociedad chilena y el efecto de plebiscitos polarizantes donde hay solo dos alternativas: Aprobar o Rechazar en el desarrollo futuro del país.
Diversos estudios muestran que es la élite política y social la que está polarizada y que el resto de la sociedad no está polarizada y busca alternativas equilibradas con reformismos graduales, sabe que la sociedad no se cambia de “la noche a la mañana”.
Parte de la explicación de la caída del Apruebo que en octubre 2020 en el plebiscito de entrada tuvo casi un 80% la opción de tener una nueva Constitución, es que los convencionales electos en mayo 2021 no fueron capaces de interpretar ese sentimiento de equilibrio o de construir una casa para todos y optaron por realizar un texto constitucional revanchista y refundacional, sin tomar en cuenta la trayectoria histórica de las instituciones.
Al incorporar en el texto constitucional una versión extrema y ultrista de la plurinacionalidad, reemplazar el Poder Judicial por un Consejo de Justicia, eliminar el contrapeso del Senado y terminar con el bicameralismo son algunas de las materias que explican la caída del apruebo y que exista más de un 35% o más de de votantes Apruebo de octubre 2020 que para el 4 de septiembre estarían votando Rechazo.
Otro signo de que el país está menos polarizado de lo que creen las élites, es que existe un porcentaje importante de votantes Apruebo y Rechazo que están por reformar el texto constitucional propuesto por la Convención. Según una encuesta -que ha acertado en los resultados de los 2 últimos años- hay un 35% de partidarios del Apruebo para reformar lo que sea necesario, hay un 33% del Rechazo que propone hacer un nuevo proceso para tener una nueva Constitución. En el Rechazo solo 17% es partidario de mantener actual Constitución y en el Apruebo solo 10% es partidario de aprobar la nueva Constitución sin modificaciones.
Esto revela el alto nivel de insatisfacción ciudadana que generó el texto constitucional propuesto por la Convención y hay casi 2/3 de los votantes (partidarios del Apruebo y del Rechazo) que quieren cambiar el texto propuesto. La participación de ex convencionales como voceros del Apruebo solo ayuda a la opción contraria, más si representan a sectores de Apruebo Dignidad que no suman nuevos votos y recuerdan las posiciones maximalistas o “gustitos” que se dieron en el año que funcionó la Convención.
El incremento de votación del Apruebo no viene desde la izquierda, viene desde sectores de centroizquierda o reformistas, mayores de 45 años. Hay aún 15% de indecisos que podrían decidir el resultado de la votación del plebiscito constitucional.
El Rechazo está en la pole position y debe tratar de no cometer errores políticos como la posible derechización de su campaña, por tanto debe evitar que los liderazgos tradicionales de derecha o de ultra derecha que aparezcan en su vocería, aunque hay muchos electores temen que reaparezcan el 5 de septiembre con un discurso bloqueando los cambios que pide la ciudadanía.
El Rechazo debe ratificar su vocación de iniciar un nuevo proceso para realizar una nueva Constitución, en ese sentido el bloqueo político que anuncia senador Cruz Coke no ayuda a la causa del Rechazo.
Viviremos estos días con una acentuada politización del debate público, pero cualquiera sea el resultado el debate constitucional seguirá y es de esperar que se entienda que no es hora ni de revanchismos ni de maximalismos, sino de construir acuerdos transversales que permitan tener el mejor texto constitucional que permita recuperar el desarrollo perdido y una mejor democracia, con más derechos sociales y más participación