Un nuevo Informe de la Contraloría denuncia irregularidades y anomalías por US$ 1.600 millones, revelador de una fuerte crisis de la gestión pública ya sea a nivel de las entidades gubernamentales, como en Gobiernos Regionales y en Municipios.

La falta de control, el incumplimiento de normas presupuestarias básicas y problemas en el cumplimiento de contratos, deficiencias en la rendición de cuentas, revelan fallas estructurales que muestran un desconocimiento del destino de billonarios recursos públicos.

Los gobiernos regionales destacan como las entidades más fiscalizadas, acumulando un total de 303 mil millones de pesos objetados, pero también hay problemas en Carabineros, Delegaciones Presidenciales, Subsecretaría de Prevención del Delito, Municipios o sea nadie se salva .

Este Informe de Contraloría revela que en muchos servicios públicos se hace habitual el “incumplimiento de contratos por parte de los proveedores; la falta de control y supervisión en la ejecución de los servicios contratados; y garantías de fiel cumplimiento de contratos no presentadas o vencidas.

La imagen es de un sector público anómalo, con un funcionamiento irregular, lleno de acciones corruptas y donde se dilapidan los recursos públicos recaudados (presupuesto 2024 llegó a US$ 83.000 millones), los cuales no terminan favoreciendo a las familias vulnerables y necesitadas sino que -lamentablemente- se favorece a proveedores “amigotes” de la autoridad de turno.

 Otros informes de Contraloría como por ejemplo, que audita la gestión del Gobierno Regional Metropolitano que encabeza Claudio Orrego se observa una proliferación de “tratos directos” burlando la norma legal de las compras públicas que exige licitaciones públicas y deja “los tratos directos” para situaciones excepcionales; además, la revisión contable del GORE de la RM revela millones de pesos “pagados en duplicado” y otros montos pagados “sin respaldos”.

Aunque este informe de Contraloría es sólo sobre el 2% del presupuesto fiscal 2024 muestra una fotografía muy preocupante, que debe ser un toque de alerta para la clase política ya que muestra una gran falla en la administración de los recursos públicos, preocupantes signos de corrupción y mala gestión.

Este dantesco cuadro deben motivar a la clase política -de manera urgente- a generar acuerdos transversales que apunten a modernizar los sistemas de control, establecer mayores penalidades por eludir las licitaciones públicas en la ley de compras públicas y elevar las sanciones al personal administrativo que no cumplen con las exigencias legales de una mayor probidad en la gestión de los miles de millones de dólares que se administran en el presupuesto fiscal como en las municipalidades.

Estas malas prácticas que nos hablan de mal uso de los recursos públicos, de ineficiencias y corrupción hará muy difícil construir mayorías sociales para aumentar la recaudación fiscal, incluso para pedir compensaciones fiscales en caso de rebaja de impuestos a las grandes empresas o en caso de que prospere la mala idea de la ultraderecha y de otros sectores populistas como es “eliminar las contribuciones o impuesto territorial”, que es pagado por el 20% de personas naturales y jurídicas de mayores ingresos, que recauda US$ 2.500 millones y que se destina al Fondo Común Municipal financiando el 60% de ese Fondo que financia al 80% de los municipios del país.

 Esta crisis de corrupción y fallas de los sistemas contables de los servicios públicos centrales, regionales y descentralizados está generando un ambiente social anti rol de protección social del Estado que está agudizando la desconfianza ciudadana hacia la democracia y al rol de las instituciones públicas y que está siendo usado políticamente por la ultraderecha.

 El mundo democrático debe impulsar una Reforma al Estado que garantice el buen uso de los recursos públicos, donde se sancione drásticamente a los directivos públicos responsables de este desorden de “pagos duplicados”, pagos sin respaldos” y proliferación de “tratos directos” en la gestión de los recursos fiscales.

 También debe sancionarse el fraude social de las licencias truchas, de información falsa para acceder a la gratuidad en la educación superior. El mundo democrático debe trabajar para resguardar que los recursos fiscales tengan el destino de apoyar a las familias vulnerables y de clase media necesitada para que accedan a una mejor calidad de vida, esa es la tarea democrática que está siendo alterada por la corrupción que debe ser sancionada drásticamente.

No puede aceptarse más corrupción en democracia.