La semana anterior alertamos sobre el fracaso político y sanitario del Plan Retorno Seguro.

Esa señal de triunfalismo con apertura de malls, de nueva Normalidad, generó un aumento explosivo de casos positivos covid19 en la Región Metropolitana, pasando de 4.123 casos positivos en la Región al 1º de mayo y ahora al 8 de mayo hay 8.273 casos positivos, o sea se duplicaron los casos positivos y ya no es en la zona oriente sino el foco de casos positivos está en la zona Norte (Recoleta, Independencia, Quilicura) y zona suroriente (Puente Alto y La Florida que tuvieron incrementos superiores al 110% en una semana de casos positivos).

Ante esto el Gobierno respondió con nuevas cuarentenas en quince comunas que significan casi 5,0 millones de ciudadanos, pero lamentablemente su impacto es bajo ya que porciones importantes de familias viven en el hacinamiento y del trabajo informal, por lo cual no pueden cumplir esta medida de autocuidado ya que deben salir a “ganarse las monedas del día”.

Las cuarentenas en las comunas populares requieren que las familias con trabajos informales que son un 30% de la fuerza laboral actual –-que han visto caer drásticamente sus ingresos- tengan un apoyo económico gubernamental razonable para poder quedarse en la casa.

Hasta ahora sólo se ha transferido un bono de $50.000 que impactó en el 20% de las familias vulnerables que son perceptoras del Subsidio Unico Familiar (SUF).

El 8 de abril pasado en la Moneda el Presidente Piñera anunció un Fondo de Apoyo para trabajadores informales e independientes por US$ 2.000 millones pero su proyecto de ley de Ingreso Familiar de emergencia que beneficia a 1,9 millones de familias con trabajos informales sólo gasta 40% de esa cifra anunciada, además su diseño es discriminatorio ya que los montos por familia los diferencia de un modo arbitrario como es que los hogares del 40% más vulnerable si tiene un miembro con Pensión Básica Solidaria el aporte para la emergencia cae en un 50%, si los hogares son del 41% al 60% más vulnerable el aporte cae al 66% del monto máximo; además propone un monto decreciente:

Primer mes corresponderá al 100% del monto, y segundo y tercer mes a 85% y 70%, respectivamente. Esto significa para una familia de cuatro integrantes que pertenece al 40% más vulnerable recibirán un aporte de $260.000 el primer mes, $221.000 el segundo mes y $182.000 el tercer mes.

Ese diseño fue rechazado por la oposición tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, producto que el Ministro de Hacienda rechazó toda posibilidad de incremento del aporte familiar ni tampoco resolver la fórmula discriminatoria.

Además, le dio un portazo a la propuesta transversal de incrementar el monto de $65.000 per cápita a $80.000, que ese aporte fuera parejo los tres meses y que se diera a todas las familias con empleo informal hasta el 60% más vulnerable, sin castigar porque un miembro tuviera Pensión Básica Solidaria (PBS), lo que significa pasar de un gasto fiscal de US$ 802 millones a US$ 1.200 millones, lo que está dentro del marco de lo anunciado, o sea no se pidió “lo imposible” como caricaturizó el Presidente Piñera.

El portazo gubernamental a construir acuerdos para tener más apoyo a las familias vulnerables es grave. El fracaso del plan retorno seguro agudizó la complejidad de la situación sanitaria, los créditos covid19 del nuevo FOGAPE no están llegando a las empresas PYMES -quienes denuncian lentitud del Banco Estado-, el proyecto de ley de “seguro para los que boletean” no satisface las expectativas ya que está mal diseñado y el aporte fiscal de US$ 300 millones es un préstamo a reembolsar, el retorno a clases presenciales debiera quedar para el segundo semestre, las universidades empiezan a tener problemas de financiamiento producto de la caída de ingresos de las familias de los alumnos y piden acceder a créditos con garantía estatal, la crisis económica puede ser más larga y extenderse al segundo semestre; esto complejo escenario futuro requiere soluciones políticas mayoritarias -incluso algunos hablan de pactos sociales y económicos para 2021- y eso no se construye vía portazos e inflexibilidades como las que muestra el Gobierno en esta fase.

Las crisis requieren acuerdos y no portazos.