Por Alfredo Peña e IA
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, utilizó información gravemente errónea ante la Cámara de Diputados al intentar equiparar y culpar a la administración anterior de Gabriel Boric por las polémicas rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales.
El error sustancial en su estrategia de defensa se desglosa en los siguientes puntos clave: Mostró un dato falso y erróneo.
Para justificar los decretos, Rabat expuso un decreto firmado el 1 de julio de 2025 por el entonces subsecretario Ernesto Muñoz (bajo el gobierno de Boric), afirmando que se le había rebajado la condena a un violador. Sin embargo, la víctima de ese caso específico era una mujer adulta.
Al tratarse de una víctima adulta, el caso citado por el ministro no estaba sujeto a la restricción legal introducida en febrero de 2022, la cual prohíbe expresamente otorgar rebajas de condena por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años. Por ende, el beneficio de la administración anterior se ajustaba a la ley, a diferencia de los 56 casos cuestionados y firmados por Rabat y su subsecretario Luis Silva y bajo su actual gestión, donde las víctimas sí eran todas menores de edad.
El error con nombre y apellido de Fernando Rabat
En medio del debate por las rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, Rabat citó y mostró un decreto firmado durante la administración del expresidente Gabriel Boric.
"De la fuga de antecedentes que salieron del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no salió el decreto firmado directamente por el subsecretario Ernesto Muñoz el 1 de julio de 2025, en que, citando la reiterada jurisprudencia de los tribunales de justicia, le rebajó —sin esperar recurso de amparo— la condena a un violador”, afirmó muy suelto de cuerpo Rabat.
La referencia buscaba mostrar que durante el gobierno anterior también se habían concedido rebajas de condena a personas condenadas por delitos sexuales.
Tras acceder a los primeros antecedentes, el canal Mega identificó que el caso mencionado por el ministro correspondía a Jorge Brayan Escobar Escobar, quien fue condenado en 2022 a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo por el delito de violación.
La pena debía cumplirse hasta el 25 de octubre de 2025 en el Centro Penitenciario de Puerto Montt. Escobar postuló al beneficio de reducción de condena y su solicitud fue remitida al Ministerio de Justicia, entonces encabezado por Jaime Gajardo. El 1 de julio de ese año, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Los Lagos reconoció que se cumplían los requisitos legales para otorgar el beneficio. El decreto 1943 citó jurisprudencia de la Corte Suprema y aprobó una rebaja de seis meses. Con ello, fijó como nueva fecha de término de condena el 25 de abril de 2025.
El documento fue firmado por el entonces subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, quien actuó como ministro subrogante. La rebaja se concedió sin que existiera una orden judicial dictada específicamente para ese caso, aunque el decreto invocó pronunciamientos previos de los tribunales. Documentos de Gendarmería revisados por Mega indican que Escobar salió en libertad tras la reducción de su condena.
La víctima era adulta y no menor de edad
En una primera revisión de los antecedentes, del canal Mega informó que la víctima era menor de edad. Sin embargo, una tercera revisión de los documentos permitió establecer que se trataba de una mujer mayor de edad.
La precisión es importante para dimensionar el alcance del caso citado por Rabat. El decreto de 2025 benefició a una persona condenada por violar a una mujer adulta; los decretos que hoy están en el centro de la controversia corresponden a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Por tanto, el caso mencionado por el ministro no involucraba a una víctima menor de edad ni corresponde a la misma categoría de hechos que motivó el debate en el Congreso.
La Ley 19.856 contempla la reducción de condena por comportamiento sobresaliente y, desde una reforma legal aprobada en 2022, excluye del beneficio a quienes fueron condenados por determinados delitos sexuales contra menores. La discusión actual se relaciona con la aplicación de esa prohibición a delitos cometidos antes de su entrada en vigencia y con la jurisprudencia de los tribunales sobre esa materia.
Hasta ahora, distintos medios no ha encontrado antecedentes de decretos dictados durante la administración anterior que hayan concedido este beneficio a personas condenadas por delitos sexuales contra menores sin una orden judicial vinculada a sus casos. Esto contrasta con los más de 56 decretos firmados durante la gestión de Rabat para rebajar las condenas de personas sentenciadas por violación y abuso sexual contra menores.
Parlamentarios de derecha y ultra derecha amplifican denuncia del ministro Rabat
Parlamentarios oficialistas del Partido Republicano y de la UDI replicaron rápidamente los datos erróneos en el hemiciclo y en redes sociales, afirmando falsamente que el gobierno de Boric había beneficiado a un violador de una menor de edad.
El diputado Agustín Romero (Republicano) replicó la información equivocada: “Mega reveló que el gobierno de Boric benefició a un violador de una menor sin esa orden. ¡Los pillaron mintiendo!”.
Leandro Kunstmann (Republicano) también afirmó que bajo Boric se había reducido “por decreto la condena a un violador de una menor”.
Constanza Hube (UDI) sostuvo que existían decretos “por orden de Boric” que rebajaban penas por violaciones de menores, aunque en la declaración citada no individualizó el caso.
El diputado Daniel Manouchehri (PS) exigió rectificaciones: “Afirmaron que el gobierno anterior rebajó la condena a un violador de una menor. La víctima de ese caso era una mujer adulta”.
El desmentido de esta información debilitó gravemente la posición del ministro en el Congreso. Diversos parlamentarios de oposición calificaron la presentación de Rabat como un "bochorno" basado en premisas falsas, lo que terminó por ratificar e impulsar la presentación de una Acusación Constitucional en su contra.
