La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a 13 años de prisión al general Raúl Iturriaga Neumann y a los brigadieres Miguel Krassnoff Martchenko y Pedro Espinoza Bravo como autores del secuestro calificado de Juan Carlos Perelman Ide.
Perelman, quien fue víctima de la denominada Operación Colombo, era un ingeniero químico de 31 años que pertenecía al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Según estableció el juez especial Hernán Crisosto, Perelman fue detenido el 20 de febrero de 1975 por los agentes de Augusto Pinochet cuando ingresaba a su domicilio.
El profesional fue llevado a la "Villa Grimaldi", un centro clandestino de torturas y exterminio de la DINA, donde fue sometido a continuos interrogatorios bajo diversos tormentos, siempre atado y con la vista vendada, según testimonios de prisioneros supervivientes.
La situación se repitió durante varios días, hasta que fue sacado del recinto, sin que se haya vuelto a saber de él hasta hoy.
En junio del mismo año, la dictadura puso en marcha la Operación Colombo, consistente en un montaje para encubrir la desaparición de 119 prisioneros políticos, que contó con la colaboración de organismos de seguridad de Argentina y Brasil.
En esos países se publicaron ediciones únicas de los periódicos Lea y O novo dia, en las que se daba cuenta de que 119 integrantes del MIR habían muerto en purgas internas de esa agrupación, entre ellos Juan Carlos Perelman.
Las condenas
La Corte de Apelaciones condenó a penas de prisión a un total de 31 antiguos agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), encabezados por
Los tres se encuentran actualmente en prisión, condenados a largas penas dictadas en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos, que en el caso de Krassnoff Martchenko supera ya los 680 años de cárcel.
La Corte, además, condenó a otros 27 agentes de la DINA a 10 años y un día de prisión, mientras otro, Samuel Fuenzalida Devia, fue sentenciado a 541 días de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada.
Otros 33 agentes, de los que varios están también presos, fueron absueltos al no haberse logrado acreditar su participación en este caso.
La Corte de Apelaciones, además, revocó la sentencia que en primera instancia había condenado al Estado chileno a pagar indemnizaciones a familiares de la víctima.
Según datos oficiales, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos.
