Por Mario López M.

Ante el cuarto Juzgado Civil de Santiago, el pasado miércoles 16 de junio, se interpuso demanda de liquidación forzosa contra la Asociación Chilena de Farmacias Populares (ACHIFARP), cuyo representante legal es el alcalde de Recoleta Daniel Jadue.

La acción judicial, la interpuso la empresa Best Quality Products SpA, la que es acreedora de la ACHIFARP, de once facturas impagas por un monto total de $1.272.000.000 (mil doscientos setenta y dos millones de pesos), cuyo protesto judicial fuera notificado previamente en la causa Rol N°C-2332-2021, seguidos ante el 17° Juzgado Civil de Santiago.

Como se recordará, la Liquidación Forzosa del Capítulo IV, Título Primero, Párrafo Primero de la Ley N°20.720 de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, vino a reemplazar a la antigua Ley de Quiebras,

De acuerdo al señalado procedimiento, “Cualquier acreedor podrá demandar el inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación de una Empresa Deudora en los siguientes casos:

Si cesa en el pago de una obligación que conste en título ejecutivo con el acreedor solicitante…”.

Abonos parciales

La causa actualmente incoada ante el Cuarto Juzgado Civil Rol 1552-2021, de ser acogida por el tribunal, se ordenará publicarla en el Boletín Concursal y citará a las partes a una audiencia que tendrá lugar al quinto día desde la notificación del citado precandidato presidencial, Daniel Jadue.

De acogerse en definitiva la correspondiente “Resolución de Liquidación”, el acreedor podrá designar a un Veedor vigente de la Nómina de Veedores, que asumirá en caso que el Deudor se oponga a la Liquidación Forzosa.

Desde la ACHIFARP, declinaron pronunciarse, por ahora, sobre el tema, sin embargo, en el proceso preparatorio de la acción ejecutiva del 17 Juzgado Civil, el alcalde Jadue se defendió alegando abonos parciales a la deuda, menores a la mitad de la misma.

Por su parte, el representante legal y propietario de la demandante, Álvaro Castro Robles, señaló a La Tercera que “estoy con un nudo en el estómago. No sé qué hacer. Yo importé esos productos, pagué los IVA y le debo al Estado el pago de más impuestos. En estos momentos, le debo a todo el mundo para poder mantenerme a flote y con un riesgo de que el proveedor venga en mi contra. Estoy totalmente desprotegido. No hay nadie que me pueda ayudar, porque esa venta se hizo efectiva y ellos recibieron los productos”.
Seguidilla de demandas y querellas

No es la única acción judicial que alcanza a Daniel Jadue. De Hecho, la Municipalidad de Recoleta se encuentra relacionado con varios procesos judiciales. Los más conocidos, hasta hoy, son el seguido en contra de Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A., que actualmente se encuentra en el Tribunal Constitucional, institución que debe decidir si se avanza con un juicio contra el alcalde Daniel Jadue por prevaricación.

Otra causa, esta vez contra Inversiones Rosachi y su representante César Salazar Salamanca, por la presunta falsificación de documentos para ganar la licitación por las obras de conservación del Liceo Valentín Letelier, también han salpicado al alcalde Jadue, producto de las declaraciones del inculpado. El Consejo de Defensa del Estado, amplió la denuncia contra varios funcionarios importantes de la comuna.

A eso se suma la cuestionada empresa Itelecom, por el Caso Luminarias, que también emprendió acciones judiciales contra la Municipalidad por boletas impagas. Por su parte, en diciembre de 2020 el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago admitió una querella presentada por los concejales de esa comuna Mauricio Smok Allemandi y Alejandra Andrea Muñoz Díaz, ambos UDI ,por el delito de fraude al fisco, en contra de quienes resulten responsables. 

Itelecom, cuyo representante es León Marcelo Lefort Hernández, quien se encuentra en prisión preventiva imputado como autor del delito de soborno desde mayo, ha implicado de manera indirecta al alcalde Jadue en los hechos que se le imputan. Recoleta, como se recordará, es el municipio que tiene el contrato más abultado con Itelecom, por un monto de $10.259.454.000. Son más de 20 las municipalidades a lo largo del país, que se han visto envueltas en acciones judiciales o investigaciones por el mismo tema.