El 16 de abril pasado, el Tercer Tribunal Oral sentenció a los condenados por el denominado caso Corpesca, uno de los casos emblemáticos de financiamiento irregular de la política.

El tribunal, en un fallo de más de 3 mil páginas, condenó al exsenador UDI Jaime Orpis a una pena de 5 años y un día de cárcel por seis delitos de fraude al Fisco en carácter de consumado. Además, se le sentenció a 600 días de reclusión por dos delitos de cohecho.

Además, Orpis deberá pagar una multa de $ 109 millones; no podrá ejercer empleos públicos durante la condena y se le sentenció también a la pérdida de sus derechos políticos. La exdiputada Marta Isasi, también UDI, fue condenada por cohecho a 50 días de prisión.

El 22 de abril, el abogado de Orpis, Sergio Rodríguez, presentó un recurso de nulidad para que se deje sin efecto el juicio que lo condenó. Acusó graves infracciones a la ley en el fallo del Tercer Tribunal Oral. De no ser acogida esta arremetida judicial, su defensa solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago que corrija la sentencia y entregue los beneficios para cumplir sus condenas de cinco años y un día y de 600 días en libertad.

Pero además de los exparlamentarios, el tribunal condenó a Corpesca por su responsabilidad penal como persona jurídica por el delito de soborno. Se le sentenció a pagar una multa, a beneficio fiscal, de 10 mil UTM y a la publicación de un extracto de la parte resolutiva de la sentencia en algún diario de circulación nacional.

Hasta la medianoche de este lunes, tenían las partes condenas para presentar su recurso de nulidad. Sin embargo, a diferencia de la defensa de Orpis, la empresa decidió no hacerlo y acatar el fallo que lo condenó. Esto, según fuentes del caso, con el objetivo de dar vuelta la página tras años de investigación en los que esta empresa ha estado en la mira de la fiscalía y el Consejo del Defensa del Estado.