El excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba contabilizó abonos por 7.942 millones de pesos en sus cuentas corrientes nacionales y extranjeras sólo entre 2008 y 2015, según revelaron documentos judiciales publicados por radio ADN.

 

“(En una sola cuenta del Banco de Chile) los depósitos en efectivo equivalen a $2.118 millones entre 2010 y 2015”, detalló un informe suscrito por el comisario Claudio Escobedo de la Policía de Investigaciones (PDI), tras casi medio año de pesquisas mantenidas en secreto hasta hoy.

 

En el extranjero, en tanto, el matrimonio entre el general (r) Fuente-Alba y Ana María Pinochet mantuvo de 2006 a 2013 dos cuentas en el HSBC Bank de Washington, las que recibieron abonos por más de 1,3 millones de dólares, según cartolas entregadas por esa institución bancaria a la Justicia Militar.

 

Las operaciones en Chile y Estados Unidos están concentradas por ahora en el período 2010 a 2014, justamente el lapso en que Fuente-Alba asumió y desempeñó la Comandancia en Jefe del Ejército. También existen ingresos importantes cuando el oficial fue agregado militar en Estados Unidos.

 

 

Las oleadas de recursos en las ocho cuentas bancarias de Fuente-Alba en los bancos BCI, Security, de Chile, Scotiabank y BBVA, que coinciden con compras múltiples de autos de lujo y propiedades, comenzaron el año 2008, cuando el sueldo de alto oficial bordeaba los 2,5 millones de pesos, según consta en la información en poder del Ministerio Público.

 

La cifra, que equivale al costo de construir un liceo de excelencia como el inaugurado en Colina en 2013, fue materializada a través de setenta y tres operaciones, de las cuales un puñado atrajo especialmente la atención de los peritos.

 

Entre ellas, tres abonos de inversiones por 483 millones de pesos materializados entre diciembre de 2013 y mayo de 2014, período que coincide con la salida del general Fuente-Alba de las filas del Ejército, institución en que debió firmar compras de armas y material de guerra por millones de dólares, entre ellas las relacionadas al Proyecto Esparta sobre indumentaria militar y visores nocturnos, investigadas por el fiscal José Morales.

 

 

Uno de los principales desafíos de los hombres encabezados por el comisario Escobedo es determinar el origen de los miles de millones de pesos en movimiento, toda vez que los ingresos laborales del otrora alto oficial fueron de sólo $155 millones entre 2010 y 2014, lapso en que Fuente-Alba ejerció la Comandancia en Jefe del Ejército. A ello se suman 76 millones de pesos en viáticos.

 

“De los depósitos en efectivo más significativos sobresale aquel por 490 millones de pesos realizado el 12 de junio de 2012”, apuntó por su parte un informe policial entregado en febrero al magistrado Omar Astudillo, quien luego fue reemplazado por la ministra Romy Rutheford en la VI Fiscalía Militar.

 

Estos recursos, depositados por un tal “Juan Salinas”, fueron utilizados en pagar 76 millones de pesos de un crédito, además de ser destinados a materializar inversiones por 410 millones.

 

Los recursos que ingresaron al matrimonio conformado por el general Fuente-Alba y Ana María Pinochet, quien no registra ingresos laborales, permitieron a ambos elevar su patrimonio conjunto desde 336 millones de pesos en 2008 a 1.003 millones en 2015, según la PDI.

 

 

Las acusaciones contra el general Fuente-Alba comenzaron apenas estalló en la prensa en agosto de 2015 el “Milicogate”, el caso sobre el fraude de unos 5.500 millones de pesos de la Ley Reservada del Cobre, norma legal que regula los recursos que son destinados a la compra de material de guerra y repuestos bélicos.

 

Una comisión investigadora de la Cámara de Diputados citó al general en retiro, quien al final jamás compareció ante esa instancia. “Por recomendación de mis abogados no resulta recomendable asistir”, se justificó ante los congresistas.

 

Las investigaciones judiciales, que son seguidas estrechamente por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), también apuntan a determinar el origen de millonarias captaciones realizadas entre 2010 y 2015, en especial aquellas donde la procedencia del dinero es desconocido.

 

 

En un comunicado firmado por sus abogados, el general (R) Juan Miguel Fuente-Alba respondió al informe de la PDI.

 

En la carta se plantea que dicho informe contiene “gruesos errores que fueron aclarados por esta defensa al tribunal en marzo del 2017, a través de un peritaje debidamente fundado, que acredita legitimamente todo el patrimonio del general Fuente-Alba”.

 

También se plantea que “tanto el peritaje de la PDI como el de esta defensa, concuerdan que el patrimonio familiar de Juan Miguel Fuente-Alba alcanza los 1.100 millones el 2015, al término de su mandato”.

 

La defensa argumenta que la PDI cometió errores al contabilizar el patrimonio y que “todas las cuentas en Chile y en el extranjero, incluidas las del HSBC de EEUU fueron abiertas voluntariamente por el señor Fuente-Alba, y jamás en ellas se recibieron los montos millonarios que la PDI señaló”.

 

“El general Fuente-Alba nos ha instruido para que evaluemos las acciones legales pertinentes contra los funcionarios de la PDI que elaboraron este informe plagado de errores, imprecisiones e inexactitudes, por los graves daños a su honra y la de su familia”, se concluye.

 

 

Uno que ha seguido de cerca el caso del financiamiento del general retirado es el abogado Cristián Cruz, quien asegura que “sí existen elementos suficientes para indagar”.

 

“El informe que pudimos ver en la prensa, sumado a los cuestionamientos previos de las actividades y al financiamiento del patrimonio del general Fuente-Alba, ratifica la desconfianza y la necesidad de que sean los tribunales los que indaguen y determinen si cabe sanción contra Fuente-Alba”, asegura.

 

“Es urgente revisar y fiscalizar en los mecanismos en que las Fuerzas Armadas obtienen su financiamiento, esto dado a la seguidilla de escándalos. Se deben revisar las dudosas atribuciones de bienes inmuebles por parte del Ejército desde el Estado, las que posteriormente son vendidas sin rendir dinero alguno”, explica Cruz.

 

“El problema es mucho más profundo del que se lee, puesto que los estándares que tienen las fiscalizaciones e indagatorias de la justicia  militar, la que ha evidenciado una falta de estándares alarmantes. Durante mucho tiempo el señor Fuente-Alba no fue indagado por la justicia militar, cosa errada. No queda posibilidad de decir que la justicia militar a sido imparcial”, finaliza el abogado.

 

Por su parte, el diputado PPD Jorge Tarud es crítico de la situación e indica que “es muy difícil que un chileno normal pueda llegar a tener esa cantidad de dinero, salvo que sea uno de los grandes empresarios del país. Espero que los fiscales sigan haciendo su trabajo para así poder llegar a la verdad de toda la situación”, dijo el parlamentario.

 

“Es evidente que de comprobarse que un Comandante en Jefe tiene en su cuenta corriente la circulación de esas sumas de dinero es altamente sospechoso. La vía correcta de obrar es la judicial. Tiene que haber un mayor control interno cuando se trate de fondos en Fuerzas Armadas”, explico el diputado.

 

“Se necesita gente responsable, más de una o dos personas y fiscalizaciones más exigentes. Además, se espera, que la Contraloría se haga parte y fiscalice con mucha más fuerza el funcionamiento de estas y otras instituciones”, explicó el miembro de la Comisión de Defensa y actual candidato a Senador por el Maule.