Oh I'm just counting

Encuesta asegura que siete de cada 10 personas cree que las manifestaciones seguirán con la misma o más fuerza

El domingo es el aniversario del incio del estallido social y un 71 por ciento de los chilenos cree que una vez que las personas puedan volver a transitar por las calles sin riesgo de contagio, las protestas seguirán con la misma o más fuerza que durante el inicio de la crisis, según reveló este lunes una nueva encuesta de Criteria Research.

El sondeo -que entrevistó a 800 personas desde los 18 años- estableció que un 47 por ciento prevé que las manifestaciones continuarán con más potencia que antes, mientras que un 24 por ciento, con la misma energía, consignó el diario La Tercera.

Al 44 por ciento le produce entusiasmo la idea de que las manifestaciones vuelvan con más fuerza que antes, mientras que a un 30 por ciento, miedo.

Por otro lado, un 67 por ciento estima que el estallido social "fue más bien positivo para el país". Dentro de las principales razones están la visibilización de los malestares sociales, que se están logrando cambios y lo que se transformó en la consigna del estallido: "Chile despertó" y se cansó de abusos, indicó el matutino.

Para el 33 por ciento restante, los tres principales motivos para creer que la crisis social "fue más bien negativo" fueron los altos niveles de destrucción y atentados terroristas al transporte público, el alza del desempleo y pobreza y el incremento de la violencia, vandalismo y delincuencia.

Las protestas, que fueron masivas los primeros meses, fueron disminuyendo durante el verano y se suspendieron con la llegada de la pandemia en marzo, pero las demostraciones espontáneas volvieron a distintos puntos del país tras el fin de la cuarentena hace unas semanas.

En apenas dos semanas, más de 14,5 millones de chilenos están llamados a decidir en un histórico Plebiscito si quieren o no reemplazar la actual Constitución, heredada de la dictadura y vista por gran parte de la sociedad como el origen de las desigualdades que aquejan al país por darle un papel secundario al Estado en la provisión de servicios básicos.