Por Antonia Paz
Mientras por un lado la ministra Schmidt se defiende ente la Cámara asegurando el profundo compromiso del Gobierno por la descarbonización y alcanzar estándares internacionales en material de carbono neutral, otro lado del Ejecutivo dilata aplicar los impuestos verdes estipulados en la ley a las industrias más contaminantes del país.
Con ello, además, deja de recaudar cerca de USD250 millones.Ayer martes, la ministra de Medioambiente, Carolina Schmidt respondió por largos minutos las preguntas que le hizo el diputado del Partido Ecologista, Félix González, en el contexto de la acusación constitucional que debió enfrentar la secretaria de Gobierno luego de la mala evaluación que tuviera su desempeño en la COP25 y las críticas de la oposición por no haber podido facilitar acuerdos en la cumbre, principalmente en materia de mercado de carbono.Mientras ella decía que “Chile logró en la COP25 que los países tuvieran compromisos claros como la carbono neutralidad”, en la sala del Senado se dejaba pasar la oportunidad de materializar la frase en una acción concreta al dilatar la aplicación de impuestos a las fuentes emisoras contaminantes, quienes quedarían liberadas hasta el año 2025.
“No hay ningún país que se haya puesto una meta como se puso Chile y sin tener que pagarles a las empresas por descarbonizar”, respondió la ministra en su interpelación. Sin saber, quizás, que su par de Hacienda había decidido no cobrarles a los mismos por contaminar.
Al menos que ello sea parte del acuerdo donde ganan todos, menos el medioambiente.Hoy la ley, bajo el concepto de impuestos verdes, grava las fuentes contaminantes según su capacidad instalada. Hay conceso en que este modelo no respeta el espíritu de la norma que busa proteger el medioambiente, ya que las industrias con mayores emisiones están quedando fuera de su aplicación. Por ello hubo un acuerdo transversal para modificar este modelo y gravar las emisiones reales de cada fuente.
Con ello, se incorpora justicia al sistema y se respeta el principio de que “el que contamina, paga”.A pesar de la mirada parlamentaria unánime sobre este avance, finalmente el Ejecutivo resolvió mantener el artículo que permite que esta norma comience a aplicarse recién en 2025 dando una señal poco coherente con respecto a sus compromisos en carbono neutralidad. Tampoco hace honor a su compromiso con una mayor recaudación para solventar la agenda social, dado que con esta dilación el Estado deja de percibir cerca de USD250 millones.Al interior de Hacienda reconocen la falencia, sobre todo porque le ley tal cual está perjudica directamente áreas de la economía tan sensibles como la agroindustria.
Esto, porque hoy el sector paga este impuesto a pesar de captar más CO2 del que emite y ser una industria estacional que funciona solo tres meses en el año. El gremio públicamente ha manifestado su disconformidad al respecto y ha hecho un llamado a que la norma se aplique desde ahora y no se espere cinco años. Un argumento que en la propia sala plantearon ayer los senadores Ximena Rincón y Alejandro Navarro.
Ya en el contexto de la comisión de Hacienda lo habían hecho el senador Juan Antonio Coloma, Carlos Montes, Jorge Pizarro y José García Ruminot. A pesar del consenso en todo el espectro político sobre la urgencia de aplicar la norma en beneficio del medioambiente, el Ejecutivo no dio su brazo a torcer.Aún queda una instancia legislativa para incorporar los cambios necesarios y coherentes con el espíritu de los impuestos verdes que buscan disminuir las fuentes contaminantes que originan elefecto invernadero que ha provocado el cambio climático que afecta al planeta. Todo indica que para ello solo se requiere voluntad política.
