Conocida la oposición del ex ministro Jaime Campos a firmar los decretos que ordenaban el cierre de Punta Peuco y otras medidas en materia de DDHH, hoy se conoció una en que no le valió de nada su oposición, que la justicia ordenara la investigación de 30 mil casos de violaciones a los derechos humanos consistentes en torturas por parte de agentes del Estado.

El hecho aconteció un día antes de entregar la banda presidencial, lo que desmintió a Campos en orden a que el gobierno no podía legislar hasta el último día. La Presidenta Michelle Bachelet, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, denunció ante la justicia cerca de 30 mil casos de torturados durante la dictadura de Augusto Pinochet que constan en la Comisión Valech.

La denuncia fue presentada por Fríes ante los tribunales y será investigada por el ministro de la Corte de Apelaciones Mario Carroza, que "decidió no rechazarla y darle curso, es decir, investigará los 30.000 casos".

Según informó Fríes al medio español El País, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) deberá definir si levanta el secreto de la comisión Valech de manera parcial o total o si finalmente será una decisión "caso a caso".

Para la funcionaria "lo hicimos al final porque tuvimos bastantes dificultades en poder avanzar en una agenda con las personas que fueron sobrevivientes de la tortura".

La ex subsecretaria relató que una de las iniciativas pensadas antes de terminar el Gobierno era crear una comisión permanente al alero del Ministerio de Justicia donde se pudieran revisar los testimonios rechazados en la Comisión Valech 2, sin embargo una vez más la mano del exministro Campos imposibilitó la medida. 

Según Fríes, "la autoridad (el exministro de Justicia, Jaime Campos) no firmó el decreto, con lo que estos planes no se pudieron echar a andar".

"Esto estaba listo para noviembre. En diciembre señaló que desde el Ministerio del Interior no le daban el pase y finalmente tuvimos una reunión con los ex presos políticos el 29 de enero donde se cerró la mesa de negociación y se acordó que se iba a avanzar, que no había razones para no firmarse el decreto. Aun así, no se firmó. Y quien tenía que firmar era Campos".

Se siguen conociendo así los llamados actos de desacato del exministro que puso en duda la lealtad a la exmandataria.