Foto: Casino de Viña del Mar, administrado por Enjoy

Por Alfredo Peña R.

Las empresas operadoras del grupo Enjoy han oficializado su renuncia anticipada a los permisos de operación de casinos en Coquimbo, Viña del Mar y Pucón.

Así lo revelan sus propios estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2024, publicados en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), donde se detallan las solicitudes presentadas ante la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) en febrero pasado.

Es decir, la autoridad reguladora ha estado plenamente informada desde hace más de un mes, aunque aún no ha emitido pronunciamiento alguno.

La renuncia fue posible gracias al Decreto Supremo N° 803, publicado el 3 de enero de 2025, que modificó el reglamento de operación de casinos permitiendo a los operadores renunciar a sus licencias con tres años de anticipación y sin sanción alguna, aunque estas hubiesen sido adjudicadas en licitaciones altamente competitivas.

Una norma hecha a medida, podríamos decir, para operadores que no pudieron —o no quisieron— cumplir con las condiciones ofertadas.

Los impactos para los municipios y gobernaciones son inmediatos: perderán miles de millones en aportes que estaban comprometidos en las ofertas económicas que dieron pie a las adjudicaciones. Viña del Mar, por ejemplo, verá recortados sus ingresos municipales sin compensación. Todo esto mientras la Superintendencia de Casinos de Juego sigue “solicitando antecedentes” y la Subsecretaría de Hacienda guarda un estratégico silencio.

La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner es la presidenta del Consejo Resolutivo de esta superintendencia. El Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego tiene las atribuciones exclusivas de otorgar, denegar, renovar y revocar los permisos de operación de casinos de juego en el país, como asimismo las licencias de juego y los servicios anexos, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Casinos y sobre la base de la proposición que le formule el Superintendente/a, a quien le corresponde ejercer la Secretaría Ejecutiva y actúa además como Relator del Consejo, señala textual en su página web esta entidad. 

Pero la ironía no termina ahí. Son estas mismas autoridades —la SCJ y la Subsecretaría de Hacienda— las que no fiscalizaron adecuadamente los procesos de licitación y operación de casinos en los últimos años, permitiendo condiciones y comportamientos que hoy forman parte del grave escándalo con delitos de colusión entre operadores, denunciado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

El caso ya ha escalado a los tribunales, con investigaciones por acuerdos ilícitos entre Enjoy, Dreams y Marina del Sol para repartirse licencias de operación entre 2021 y 2022.

Las multas más altas en la historia de los delitos de colusión

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) en octubre pasado solicitó multas por US$152 millones a los casinos Dreams, Enjoy y Marina del Sol por colusión en licitaciones. 

Estas multas son históricas para casos de colusión en Chile. 

Las sanciones incluyen 126.806 UTA (US$112 millones) para Dreams y 41.498 UTA (US$37 millones) para Enjoy, mientras que Marina del Sol quedó exenta por colaborar con la investigación.

También se solicitaron multas individuales para los directivos involucrados: Jaime Wilhelm, exgerente general de Dreams, enfrenta una sanción de 1.218 UTA (US$1 millón); Claudio Fischer, presidente del directorio de Dreams, 941 UTA (US$834 mil); Claudio Tessada, exgerente de administración y finanzas de Dreams, 761 UTA (US$674 mil); y Henry Comber, presidente del directorio de Enjoy, 130 UTA (US$115 mil)

La historia se repite: la falta de control, la omisión regulatoria y la complacencia con los grandes operadores derivan en perjuicios directos para los territorios y las comunidades. Esta vez, con el respaldo de una norma que facilita salidas anticipadas sin consecuencias.

¿Quién se hace cargo de los daños financieros a los municipios, a las Gobernaciones y al propio Estado? ¿Alguien responderá políticamente por la improvisación y falta de diligencia? ¿O simplemente se continuará con este “modelo” en que las empresas privadas juegan a perder —y el Estado siempre paga la cuenta?

Por ahora, el mensaje parece claro: los casinos se retiran cuando quieren, el regulador se entera por la CMF… y los municipios, gobernaciones, como siempre, se quedan esperando.