Por Antonia Paz R.

Exactos 3 años estarían por transcurrir de la fecha que había fijado el Tribunal de Garantía de Rancagua para realizar la audiencia de control judicial del exalcalde de Rancagua Eduardo Soto (exUDI) solicitada por el fiscal Sergio Moya Domke.

El fiscal del Ministerio Publico había requerido la audiencia por considerar que en esa etapa de la investigación, existían antecedentes suficientes para estimar que Eduardo Soto Romero había incurrido en el delito de malversación de caudales públicos en la administración del Teatro Regional de Rancagua, delito previsto y sancionado en el artículo 234 del Código Penal.

Sindicaba que el exalcalde Soto participó en ese delito en calidad de autor, por hechos ilícitos acontecidos entre el año 2012 y 2017 al mando de la Corporación de las Artes y la Cultura de la ciudad histórica.

Sin embargo, en esa época, el Ministerio Público de esa ciudad sufrió un escándalo mayúsculo donde se vieron involucrados los fiscales Sergio Moya y su jefe Emiliano Arias, actualmente suspendido, respecto de quien se evidenciaron audios de conversaciones con el ex ministro del Interior de Piñera, Andrés Chadwick y varios ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua que terminaron por provocar el traslado de esa investigación a la fiscalía metropolitana sur por decisión del fiscal nacional Jorge Abbott.

Este martes 24 se realiza audiencia de control judicial a la que deberá asistir el exalcalde Eduardo Soto

El acontecimiento judicial de la formalización de la investigación de Eduardo Soto se truncó por decisión de la fiscalía Metropolitana Sur ya que de manera inédita, el ente persecutor decidió solicitar al mismo tribunal de garantía de Rancagua, dejara sin efecto el requerimiento efectuado por el fiscal Moya, separando las investigaciones por los hechos
denunciados.

La noticia dada a conocer por nuestro medio, donde se informó sobre el sobreseimiento por prescripción de la acción penal que pesaba sobre el exconcejal Pedro Hernández y el de Manuel Villagra, ambos estrechos colaboradores del exedil de Rancagua, alertó al actual concejal Patricio Henríquez, quien solicitó al Tribunal de Garantía de Rancagua pedir cuentas a la Fiscalía Metropolitana Sur sobre la investigación que había decidido separar el fiscal Héctor Barros.

La malversación de caudales públicos fue la acusación que pesaba sobre el exalcalde Soto, propuesta por el fiscal Sergio Moya. Fuentes de la investigación señalan que la fiscalía Metropolitana Sur abandonó la investigación respecto del exalcalde Soto cuestión que ha denunciado el concejal de la comuna de Rancagua, Pedro Henríquez.

Antecedentes de la propia investigación del ministerio público y de la policía, dan cuenta de cómo el exalcalde daba ordenes por si o por intermedio de su jefe de gabinete, Rodrigo Maldonado, para adquirir, con dineros públicos, electrodomésticos, televisores y bicicletas que eran regalados a distintas organizaciones por el exedil de la ciudad de Rancagua sin tener ninguna justificación legal para ello.

Tratos directos por millonarias sumas de dinero al dueño de la productora Luna Negra para realizar eventos en la comuna, donde el exalcalde Soto reconoce que a ambos los unía una amistad forjada cuando este se desempeñaba en una radio de Rancagua.

Denuncia por acoso sexual

Sin embargo no era solo ese escenario el que afectaba a Eduardo Soto. El medio que se dedica a la investigación periodística, Ciper Chile desplegó una profunda investigación en la que un joven denunció acoso sexual de parte del exalcalde Eduardo Soto, caso que se conoció e impactó en Rancagua.

El joven de 24 años hizo la denuncia en contra del exalcalde por acoso sexual, asegurando que incluso le habría pagado millones para que no revelara la situación a la luz pública.

Ciper Chile dio cuenta de que el alcalde presentó ante la Fiscalía de Rancagua una denuncia por extorsión en contra de este sujeto, mientras que el joven aseguró que recibió más de $100 millones a modo de compensación por los supuestos hostigamientos lascivos.

Al respecto, Soto confirmó que entregó dinero al joven, aunque en una cifra que ronda los $20 y $30 millones, pero que lo hizo bajo "susto y miedo". Además, certificó que tuvo una relación con él, aunque no hubo algún tipo de acercamiento físico para con él.

Este martes se conocerá el avance de la investigación

Este martes 24 de mayo, el fiscal Héctor Barros deberá explicar al Juez de Garantía de Rancagua y al concejal Patricio Henríquez que ha hecho respecto de la investigación separada del exalcalde Eduardo Soto.

Por su parte, el querellante, el concejal Patricio Henríquez ha manifestado públicamente la impunidad que cubre a Eduardo Soto, de quien fue su máximo fiscalizador en su período de alcalde.