La fiscal jefa de delitos de Alta Complejidad, Ximena Chong, se manifestó "tranquila" sobre las amenazas que recibió ella y su familia tras la formalización del carabinero acusado de empujar a un menor en el puente Pío Nono.
Chong aseveró que "esas amenazas afectan mi integridad y la de mi familia, pero en ningún caso afectan el trabajo que lidero, que tiene detrás a un equipo que está colaborando con las diligencias que nosotros realizamos. El trabajo que nosotros estamos haciendo no se afecta de ninguna forma".
"En lo personal estoy tranquila, a mi familia afortunadamente también he logrado transmitirle la misma tranquilidad y hemos seguido trabajando. Nosotros el mismo día en que recibimos en la casa esa carta de amenazas pudimos comunicarnos en la misma noche con un juez de Garantía para hacer una solicitud de una medida inclusiva en una investigación a nuestro cargo, el día siguiente seguimos trabajando en los alegatos de clausura del mismo caso Corpesca", sostuvo.
Investigación por caso Pío Nono
En relación a la investigación por la caída del menor al lecho del río Mapocho, Chong precisó que "la situación del carabinero Sebastián Zamora es la siguiente, él está formalizado. La formalización es una comunicación que hace el Ministerio Público de que se le está investigando por determinados hechos".
"Mantenemos hasta ahora la convicción que efectivamente los hechos son constitutivos de un delito de homicidio frustrado, las imágenes que han aparecido son imágenes que a nuestro juicio y de acuerdo a los antecedentes que ha analizado la Unidad de Derechos Humanos ratifican esa situación", dijo a Cooperativa.
"En todo caso, la defensa del carabinero Zamora no apeló a la decisión del Tribunal de Garantía de mantenerlo en prisión preventiva y la defensa del carabinero Zamora, desde el día domingo 4 de octubre, que es la fecha en la que se le formaliza, tampoco ha presentado ninguna solicitud para efectos de que se revise la medida cautelar", añadió la persecutora.
Condenas en Caso Corpesca
Tras las condenas en contra del ex senador Jaime Orpis y de la ex diputada Marta Isasi por el caso Corpesca, Chong planteó que "de alguna forma marca un precedente. Si bien en Chile no existe jurisprudencia vinculante, el razonamiento que exponga el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, va a ser un razonamiento relevante en torno a los contornos de los delitos tributarios ya descartados, pero también en torno al delito de fraude al fisco y por cierto al delito de cohecho".
Para la fiscal, "ese precedente o esos antecedentes van a poder ser invocados en los casos" de Marco Enríquez-Ominami y Pablo Longueira, que aún se encuentran en investigación.
"La sumatoria de las penas en relación a Jaime Orpis que solicitamos eran 21 años de cárcel, esto fundado básicamente en que el delito de fraude al fisco parte en una pena de cinco años y un día, y producto de la reiteración debe alzarse en un grado, eso nos sitúa entre 10 años y un día y 20 años", puntualizó Chong.
"A la vez nosotros le habíamos imputado un delito tributario, por el cual también se solicitó una cantidad de años, lo cual estaría descartado y por lo tanto eso ya representa una rebaja, y en el caso de los delitos de cohecho nosotros imputábamos un delito de cohecho por cada boleta y el tribunal lo circunscribió a los actos funcionariales", agregó.