El fiscal metropolitano sur, Raúl Guzmán, debe definir los equipos que trabajarán junto a él en la indagatoria del presunto tráfico de armas por parte de miembros del Ejército a bandas de narcotraficantes.

Además debe determinar con la Policía de Investigaciones las primeras diligencias en este caso que podrían incluir la declaración del comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez.

Hasta ahora, el suboficial Víctor Roa es el único efectivo de la institución formalizado en esta causa por tráfico ilícito de armas y municiones y también está procesado en la justicia militar por hurto de material de guerra.

El abogado del suboficial Roa, Rodolfo Blanco, explicó a Cooperativa que "en ningún momento Víctor ha sido un traficante de armas a los narcos. De la versión oficial que tenemos nosotros hay una parte que sustrajo del Ejército y lo otro, el Jonathan (Olave), que es el que le facilitó para que le hiciera mantención a algunas armas que le encontraron".

Jonathan Olave es el propietario de la casa donde fue detenido el sargento primero Roa y donde se encontraron armas de grueso calibre, las que según el abogado Blanco "no son de propiedad de Víctor, sino que son propiedad de Jonathan; se las pasó para que hicieran mantención y lo que dijo el comandante tendrá que probarlo, tendrá algún antecedente, porque es grave lo que dijo".