Sectores del oficialismo promueven una explicación simple para dar cuenta del desplome del gobierno de Kast en las encuestas. Falló la comunicación, o faltó política, o sobró tecnocracia. Es una narrativa que tiene la virtud de no comprometer a nadie demasiado, de dejar intacto el paquete que se busca implementar y de situar el problema en la forma, nunca en el fondo. Pero esa lectura es, en el mejor de los casos, un autoengaño superficial.

Lo que estamos presenciando admite una lectura más estructural. Cuando las políticas gubernativas presentan una coherencia ideológica densa, la resistencia que generan al momento de implementación tiende a ser proporcional a esa coherencia. No se trata de un efecto aleatorio.

La literatura sobre reformas de ajuste en América Latina y sobre sus efectos distributivos documenta un patrón recurrente. A mayor integridad doctrinaria del paquete, mayor amplitud de la coalición adversa que termina formándose en su contra. En Europa, los análisis sobre la política del welfare statebajo presión conservadora muestran algo similar. Las reformas regresivas de alta visibilidad tienden a activar mecanismos de retroalimentación negativa cuya intensidad suele subestimarse en la fase de diseño.

Eso es, en buena medida, lo que parece estar ocurriendo aquí.

La resistencia al gobierno de Kast no proviene de un solo frente, sino de tres simultáneos y cualitativamente distintos.

Siguiendo el esquema clásico de Albert Hirschman, los tres canales están activos a la vez, pero no de manera armónica. La salida, visible en el deterioro sostenido de la base electoral reflejado en las encuestas, comienza a reconfigurar los incentivos del propio oficialismo. La voz, expresada en incipientes movilizaciones sectoriales y en advertencias de alcaldes por la caída de transferencias, presiona por correcciones que el diseño original no contempla. Y la erosión de la lealtad se manifiesta en disidencias parlamentarias y tensiones dentro del gabinete, donde ministros sectoriales enfrentan la contradicción entre la ortodoxia fiscal y las demandas mínimas de funcionamiento de sus carteras.

Estos tres mecanismos no solo coexisten. Se potencian entre sí. La pérdida de apoyo electoral amplifica la voz social, y ambas aceleran la fragmentación interna. Nada de lo anterior constituye un problema de imagen. Son consecuencias políticas previsibles de un programa que subestimó sus costos de implementación.

El diputado Bianchi se lo dijo sin anestesia al ministro de Hacienda, Quiroz. Es tirarse a un hoyo. La expresión es coloquial, pero el diagnóstico, además de certero, es políticamente significativo porque no provino de un opositor frontal.

Más que una anécdota, condensa una intuición extendida. Entre la formulación de un programa ideológicamente coherente y su viabilidad política existe una brecha que la pureza doctrinaria tiende a ensanchar, porque reduce los márgenes de negociación e incrementalismo que el proceso de política pública requiere para ser viable.

El programa es reconocible en sus grandes líneas. Desregulaciones de amplio espectro, recortes fiscales de rápida ejecución y rebajas tributarias con efectos regresivos. Estos efectos no son abstractos. La reducción acelerada del gasto tensiona la provisión de servicios básicos en áreas sensibles, mientras que la discusión tributaria ha instalado incertidumbre sobre la sostenibilidad de la recaudación fiscal y críticas abiertas sobre su impacto distributivo.

En el caso chileno, esa arquitectura tiene además una carga histórica específica. Su aplicación previa en dictadura, con sus costos distribuidos de manera profundamente asimétrica, forma parte de la memoria política de actores sociales y políticos relevantes. Ese antecedente eleva significativamente los umbrales de resistencia frente a reformas percibidas como regresivas.

Por todo lo dicho, vale la pena detenerse en una voz que proviene del mundo que simpatiza con parte del diagnóstico oficial. Harald Beyer, ex ministro de Educación de Piñera e investigador en políticas públicas, publicó recientemente una columna que apunta al contenido del paquete, que es donde corresponde mirar.

Beyer no rechaza en bloque la agenda tributaria. Rescata la rebaja del impuesto corporativo como una medida defendible, pero condiciona su viabilidad a que vaya acompañada de compensaciones tributarias que no recaigan sobre los sectores de menor capacidad contributiva, por ejemplo mediante ajustes en impuestos progresivos que resguarden la neutralidad distributiva del conjunto.

Sobre el gasto, su señal es igualmente clara. Los recortes fiscales deberían concentrarse en áreas con abusos documentados o ineficiencias verificables, no como una reducción generalizada del Estado. La implicancia es más profunda de lo que parece. Incluso desde un espacio afín se está señalando que el problema no es solo de comunicación, sino de consistencia del diseño.

Los gobiernos que enfrentan dificultades por razones de gestión comunicacional se recuperan afinando el relato o renovando vocerías. Los que enfrentan dificultades por razones de diseño y contenido enfrentan una disyuntiva más compleja. Corregir implica alterar piezas centrales del programa y tensionar la identidad del proyecto. No hacerlo implica persistir en una trayectoria políticamente costosa.

La señal más elocuente de todo esto es, quizás, la persistencia del diagnóstico comunicacional dentro del oficialismo. Mientras el debate interno siga situando el problema en las formas, la discusión de fondo permanecerá desplazada. Y en este caso, esa omisión no es neutra. Insistir en que el problema es cómo se comunica un programa cuyo conflicto es sustantivo no lo resuelve e incluso lo profundiza. Porque expone, una y otra vez, los límites de un diseño que no logra procesar la realidad política en la que intenta ejecutarse.