El Segundo Tribunal Ambiental dejó sin efecto la aprobación ambiental del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva” de Collahuasi, cuestionando deficiencias en la evaluación de impactos sobre comunidades indígenas y ecosistemas marinos.
El Segundo Tribunal Ambiental anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva” de Collahuasi, una iniciativa estimada en más de US$3.200 millones y considerada entre los proyectos mineros en construcción más relevantes del país.

La decisión judicial revierte la aprobación ambiental otorgada en diciembre de 2021 y obliga a retrotraer el proceso de evaluación a etapas previas al Informe Consolidado de Evaluación (ICE), reabriendo análisis sobre impactos sociales, medio marino y eventuales afectaciones a comunidades indígenas.

El fallo adquiere relevancia adicional debido al debate legislativo en torno a la restitución de inversiones cuando permisos ambientales son invalidados posteriormente por tribunales, tema actualmente discutido en modificaciones regulatorias vinculadas al sistema de permisos.

Tribunal detecta deficiencias en evaluación indígena y participación temprana
La sentencia se originó tras reclamaciones presentadas por organizaciones indígenas y comunidades locales, luego de que el Comité de Ministros rechazara previamente recursos contra la aprobación ambiental del proyecto.

Entre los reclamantes figuran:

Asociación Indígena Wilamasi de Pescadores Mamq’uta;
Asociación Indígena Aymara de Caleta Chanavaya;
Familia Barreda Paniagua, vinculada al grupo humano indígena de Copaquire;
además de seis asociaciones indígenas aymaras adicionales.
Según concluyó el tribunal, los antecedentes considerados durante la evaluación fueron insuficientes para descartar una susceptibilidad de afectación directa sobre comunidades indígenas, particularmente respecto de agrupaciones vinculadas a Caleta Chanavaya.

Asimismo, la instancia determinó que no se realizaron adecuadamente las reuniones previas contempladas en el artículo 86 del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), procedimiento asociado al análisis temprano con pueblos indígenas potencialmente afectados.

Observaciones de Conadi sobre ecosistemas marinos no fueron consideradas
Otro de los puntos cuestionados corresponde al tratamiento dado a observaciones elaboradas por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

El tribunal sostuvo que antecedentes relacionados con impactos sobre el medio marino no fueron debidamente ponderados por el Comité de Ministros, contribuyendo a que la resolución ambiental careciera de una fundamentación suficiente.

La sentencia concluye que la resolución impugnada:“carece de una debida fundamentación”, debido a una evaluación incompleta de observaciones ciudadanas y ausencia de ponderación técnica y jurídica adecuada.
Además, el fallo identifica:

ilegalidades asociadas al componente humano indígena,
y deficiencias en la evaluación ambiental del medio marino.
Evaluación deberá reiniciarse en aspectos clave del proyecto
Como consecuencia de la decisión, el proceso ambiental deberá volver a una etapa previa al ICE para incorporar nuevos antecedentes relacionados con:

línea base del medio humano indígena;
uso del maritorio en Punta Patache y sector Puerto Collahuasi;
realización de reuniones del artículo 86 del SEIA;
eventual consulta indígena;
impactos sobre medio marino;
análisis de velocidad de succión;
sedimentación de salmuera;
planes de vigilancia ambiental más extensos.
El objetivo será reevaluar si existen afectaciones directas que requieran ajustes al proyecto o procedimientos adicionales de participación.

Fallo vuelve a tensionar debate sobre certeza jurídica e inversión minera
La resolución reabre una discusión relevante para el sector minero chileno: cómo equilibrar certeza regulatoria para grandes inversiones con estándares ambientales y participación indígena exigidos por la normativa vigente.

Chile enfrenta actualmente presión por acelerar proyectos estratégicos vinculados a cobre y minerales críticos, mientras inversionistas observan con atención tiempos de tramitación, judicialización y estabilidad de permisos. 

La sentencia fue adoptada por la ministra Marcela Godoy Flores, presidenta (s) del tribunal, junto al ministro Cristián López Montecinos y el exministro Cristián Delpiano Lira, redactor del fallo.