En medio de la polémica por el proyecto de ingresó a la Comisión de Constitución del Senado, respecto de modificar el artículo 175 del Código Procesal Penal con el fin de que sacerdotes y autoridades religiosas denuncien por obligación a la justicia delitos contra menores de los cuales tengan conocimiento, la Conferencia Episcopal chilena manifestó su parecer sobre la materia.

El obispo Fernando Ramos, secretario general de la instancia, explicó que “en términos generales la Iglesia apoya las iniciativas que ayuden a hacer justicia sobre abusos. En consecuencia, la obligatoriedad de denunciar parece razonable en todos los ámbitos donde hay presencia de menores de edad, incluidos los religiosos”.

De hecho, la propia Conferencia Episcopal lleva meses preparando un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Nacional para abordar en conjunto los casos de abusos cometidos por miembros de la Iglesia Católica.


Sin embargo, en la redacción de este proyecto de ley se rechazó la indicación que excluía denunciar los delitos que los religiosos supiesen en el contexto de una confesión. Y aquí la discusión adquiere matices, ya que se afirma que podría pasar a llevar otro tipo de normativas, como el derecho canónico o el mismo Código Penal.

En este sentido, Ramos señaló que “el único asunto que presenta una seria dificultad es el tema particular del sigilo en la confesión, que para la Iglesia universal es un sacramento y, por siguiente, un acto de culto que está resguardado por la legislación chilena, específicamente por el Código Penal. Si un sacerdote viola el sigilo sacramental, recibe la grave pena de la excomunión. No hay legislación en el mundo que haya pasado a llevar este principio” dijo a La Tercera.