El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) realizó la primera acreditación de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el Estallido Social del año 2019. Con esto, son siete las personas que hoy podrán postular a una pensión de gracia por parte del Gobierno.

El organismo además fue enfático en declarar que con esta acreditación "se acabó" el debate sobre si hay o no víctimas de violaciones a los derechos humanos en el país, pese a que el ejecutivo insiste en que esto debe ser resuelto por los tribunales de justicia.

En una ceremonia, el INDH entregó los certificados que acreditan a siete personas como víctimas de violaciones a los derechos humanos por agentes del Estado, por lo que podrán acceder a la compensación económica incorporada en la Glosa 12 de la Ley de Presupuestos 2021.

El mecanismo fue introducido en la partida 50, capítulo 1, programa 2, de recursos para Jubilaciones, Pensiones y Montepíos con cargo al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la cual establece que se podrán considerar víctimas a quienes debido a sus lesiones sufran menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo desde el 18 de octubre de 2019 en adelante.

"Con esta acreditación, este debate de si hay víctimas de violaciones a los derechos humanos, que algunos órganos del Estado aún plantean, se acabó", dijo el director del INDH, Sergio Micco.

Respecto al mecanismo de compensación Micco señaló que el INDH no fue consultado cuando este se incorporó el año pasado en la Ley de Presupuestos. "Si nos hubiesen informado y consultado hubiéramos dicho que no" sostuvo, ya que las víctimas de violaciones de los derechos humanos "merecen una reparación integral, como acreedores de un derecho que el Estado de Chile no reconoce hasta el día de hoy".

Gobierno desconoce acreditación

Por su parte desde el Gobierno desconocen la calificación entregada a estas siete personas por parte del INDH, al considerar que esto es una decisión que le compete a la justicia.

"A quienes corresponde juzgar e investigar las vulneraciones a los derechos de las personas que hubieran ocurrido con posterioridad al 18 de octubre es a los tribunales de justicia", señaló el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli según detalla Radio Bio Bio.

"Yo en eso espero que la Fiscalía avance. Hemos formado mesas de trabajo con la Fiscalía para poder tener todos los medios a disposición. Carabineros y la PDI se ha puesto a disposición de la Fiscalía para llevar adelante lo más prontamente esas investigaciones y poder comunicar la verdad judicial a la ciudadanía", agregó el subsecretario.

De acuerdo a un informe de la Fiscalía Nacional, desde 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020, se registraron 8.510 víctimas de violencia por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden. La mayoría de los imputados son funcionarios de Carabineros, seguidos por personal del Ejército.