El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó que en septiembre de 2022, la directora del organismo, Consuelo Contreras, mandó un oficio al Presidente de la República, Gabriel Boric, donde le comunicó la imposibilidad de acreditar antecedentes para el otorgamiento de pensiones de gracia a víctimas de represión durante el estallido social.

El documento señala que "Por medio del presente tengo a bien informarle sobre la imposibilidad que asiste al Instituto Nacional de Derechos Humanos (en adelante INDH) para efectuar la acreditación del padecimiento de ‘menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo’ en víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 18 de octubre de 2019 en adelante, que solicitan al Presidente de la República acceder a pensiones de gracia".

En esa misma línea, en el oficio el INDH aseguró que "le es posible acreditar la condición de víctimas de violaciones a los derechos humanos de los casos conocidos en el ejercicio de sus funciones como órgano de promoción y protección de los derechos humanos, con independencia del resultado de las acciones para poder acreditar circunstancias de esta índole", pero que eso no aplicaba "las consecuencias físicas derivadas de esos hechos".