En específico, la querella interpuesta ante el ministro Mario Carroza, apunta a los ex agentes de la DINA Pedro Espinoza Bravo, oficial del Ejército y director de Operaciones de la DINA; Alejandro Burgos De Beer, mayor del Ejército y mano derecha de Manuel Contreras Sepúlveda; Humberto Olavarría Aranguren, oficial de la Armada y jefe de inteligencia económica de la DINA; Orlando Jorquera Bravo, coronel del Ejército en retiro y segundo vicepresidente de la Empresa Pesquera Arauco S.A.; y Gerardo Godoy García, ex agente de la DINA, además del equipo gerencial de la empresa, todos ellos directores de la empresas Pesquera Arauco S.A. y Pesquera Chile Ltda.

 

Según investigaciones de diversos casos de víctimas de Londres 38, uno de los medios utilizados para los secuestros y desapariciones de personas detenidas durante la dictadura fue el uso de los camiones frigoríficos de dicha pesquera, los cuales salían desde Rinconada de Maipú o desde la oficina de la pesquera en Lo Valledor.

 

Los camiones de la pesquera, aseguran desde la organización de DD.HH., se estacionaban a la entrada de Londres 38 para que las y los detenidos ingresaran a los camiones, quienes subían con la vista vendada y amarrados. Habitualmente las víctimas eran conducidas a los recintos militares de Tejas Verdes, en San Antonio, o a Santo Domingo.

 

Las órdenes de los traslados emanaban del Cuartel General, y el encargado de ejecutarlas era el coronel en retiro Marcelo Moren Brito, encargado del recinto, a través de los jefes de las agrupaciones o de los turnos de guardia, entre ellos, los oficiales de Carabineros y del Ejército, Ricardo Lawrence, Ciro Torré o Miguel Krassnoff.

 

Las empresas Pesquera Arauco S.A. y Pesquera Chile Limitada fueron empresas filiales de CORFO, que luego del golpe militar de 1973, pasaron a ser administradas y dirigidas por Manuel Contreras, por lo que sus directorios fueron asumidos por miembros de las distintas ramas de la fuerzas armadas y civiles.

 

Esta es la primera querella en Chile que busca identificar responsables de crímenes de lesa humanidad en contra de una empresa y sus directivos, entre ellos civiles.