Brasil hace pocas semanas ha establecido un régimen tributario especial para atraer “Data Centers” lo que nos permite observar dos modos muy distintos de entender los incentivos a la inversión, uno con visión de país, reciprocidad y aplicación de los actuales criterios al efecto, y otro que mira y más bien beneficia intereses de grupo.

Brasil creó REDATA mediante la Ley N.º 15.504 de 15 de Septiembre de 2026 (Art.1, capítulo I). El régimen reduce temporalmente la tributación sobre equipos destinados a instalar, ampliar o modernizar data centers. Pero no entrega el beneficio sólo porque exista aporte de capital disponible: exige contraprestaciones concretas y verificables, entre ellas, destinar al menos el 10% de determinada capacidad al mercado interno, cumplir exigencias de sustentabilidad, abastecer la demanda eléctrica con fuentes renovables o de bajas emisiones, observar parámetros de eficiencia hídrica e invertir el 2% del valor de los bienes beneficiados, por este régimen especial, en investigación, desarrollo e innovación. 

 La diferencia con Chile es sustancial. Nuestro régimen de invariabilidad recientemente aprobado y publicado el pasado 17 de octubre en el Diario Oficial, parte de otra lógica: alcanzado determinado volumen de inversión, se permite obtener protección impositiva de modo contractual frente a modificaciones tributarias futuras durante 10, 15 o 20 años.

Brasil, en cambio, incentiva una conducta económica concreta. Chile protege un beneficio tributario frente al futuro.

Beneficio a cambio de resultados

La política brasileña intenta responder una pregunta elemental que debería acompañar todo gasto tributario: ¿qué obtiene la sociedad a cambio del impuesto que deja de recaudar? La respuesta puede medirse: inversión efectivamente materializada, infraestructura tecnológica, investigación, innovación, capacidad digital, sostenibilidad y desarrollo nacional. El régimen contiene además mecanismos de comprobación y condiciona la consolidación del beneficio al cumplimiento de requisitos. 

Ésa es precisamente la orientación que recomienda en la actualidad la OCDE. Su Practical Guide to In vestment Tax Incentives de 2026, la que señala que un incentivo debe diseñarse para provocar una inversión que de otra manera no se habría producido, limitar costos y distorsiones, vincular el beneficio a sustancia económica y establecer criterios específicos y medibles que permitan monitorearlo y evaluarlo. 

La pregunta para Chile resulta inevitable: ¿qué contraprestación adicional verificable y exigida por la ley recibe el país por conceder veinte años de invariabilidadtributaria?

No basta responder “inversión”. Debe demostrarse que esa inversión es adicional y que no se habría realizado igualmente, de no mediar dicha invariabilidad.

Temporalidad versus congelamiento

REDATA tiene además una característica fundamental: sus beneficios tienen una duración de cinco años.  Eso permite evaluar posteriormente si funcionó, ¿cuánta inversión adicional produjo? ¿Cuánto costó fiscalmente? ¿Generó tecnología? ¿Desarrolló proveedores? ¿Cumplió sus objetivos ambientales? ¿Conviene renovarlo, modificarlo o terminarlo?

La invariabilidad chilena funciona en sentido inverso: mientras más prolongada sea, menor será precisamente la capacidad del Estado para corregirla si después demuestra ser innecesaria, costosa o distorsionadora. Éste es uno de los cambios más importantes en la política tributaria moderna y actual, los incentivos tributarios deben poder ser evaluados; no simplemente entregados sin una contraprestación y beneficio recíproco para el Estado que otorga tales incentivos.

La OCDE advierte sobre lo que Chile está haciendo

La comparación es todavía más significativa porque la OCDE acaba de advertir expresamente sobre incentivos otorgados mediante contratos con cláusulas de estabilización o congelamiento. Su guía 2026 señala que estos contratos pueden amarrar a los gobiernos a tratamientos tributarios específicos, aumentar riesgos de litigio y permitir reclamaciones cuando posteriormente cambia la política fiscal. Por ello recomienda limitar alcance y duración, utilizar cláusulas de término y preservar el espacio futuro de política tributaria. 

Es difícil conciliar este criterio y recomendación OCDE con la idea de que una invariabilidad general de hasta veinte años constituiría hoy la forma más idónea para atraer inversión; la OCDE y la doctrina moderna apuntan hacia otra dirección y en sentido contrario, focalizar, medir, controlar y evaluar.

 América Latina también está revisando sus incentivos

Estudios de la OCDE de 2026 sobre varios países latinoamericanos llega a una conclusión semejante. Los incentivos pueden producir tratamientos muy diferentes entre proyectos comparables y reducir fuertemente las tasas efectivas. La recomendación es reconsiderar cuándo realmente constituyen el instrumento adecuado, privilegiar medidas basadas en gasto efectivo e institucionalizar monitoreo y evaluación periódicos.  Brasil parece haberse acogido a esa lógica y criterio. No congela en general la tributación futura de una empresa tecnológica. Reduce temporalmente impuestos vinculados a activos concretos y exige resultados.

No se trata de idealizar a Brasil

REDATA debe ser evaluado críticamente. El beneficio tiene costo fiscal. Puede favorecer inversiones que igualmente habrían llegado a Brasil. Los data centers demandan enormes cantidades de energía e infraestructura. Y siempre existe el riesgo de que un sector favorecido genere presión para extender privilegios a otros. Por eso tampoco sabemos todavía si REDATA será exitoso.

Pero ahí está precisamente la diferencia, Brasil conserva la posibilidad de comprobarlo, puede medir inversión, costo, innovación, sostenibilidad y resultados antes de decidir si continúa, en cambio, la invariabilidad prolongada reduce deliberadamente esa capacidad.

El error chileno en el proyecto de reconstrucción

Chile necesita inversión y necesita ofrecer certeza, pero certeza no significa inmunidad frente al Derecho Tributario futuro.

Un diseño moderno debería haber preguntado  primero qué inversiones estratégicas necesita el país y, después, qué beneficio temporal y proporcional puede producirlas al menor costo fiscal. Si Chile quiere y busca atraer inversiones en inteligencia artificial, minería verde, hidrógeno, infraestructura, semiconductores o data centers, podría establecer incentivos asociados a: inversión efectivamente ejecutada, transferencia tecnológica, investigación y desarrollo, empleo calificado, formación profesional, proveedores locales, productividad, eficiencia energética y desarrollo regional, exigiendo que todo ello sea cuantificable, fiscalizable y periódicamente evaluado, pues eso permitiría premiar resultados, no simplemente tamaño económico.

Dos filosofías distintas

La diferencia entre ambos modelos puede resumirse fácilmente, Brasil dice: invierta en aquello que queremos desarrollar, cumpla determinadas condiciones y recibirá temporalmente un beneficio tributario; en cambio Chile dice, en lo esencial: invierta una cantidad suficientemente grande y podrá proteger durante años determinadas condiciones tributarias frente a cambios futuros.

 El primer modelo intenta relacionar el costo fiscal con un resultado público. El segundo presume que el volumen de inversión basta para justificar la protección. Ahí está el grave error.

La política tributaria del siglo XXI no debería competir por quién promete congelar durante más tiempo sus impuestos. Debería competir por quién diseña mejor los incentivos para transformar inversión privada en productividad, tecnología, empleo y desarrollo.

Brasil todavía deberá demostrar que REDATA funciona. Pero ha incorporado algo que Chile parece haber olvidado con la invariabilidad: un beneficio tributario no debería ser un cheque en blanco ni un seguro frente al futuro. Debe ser una inversión del Estado que también produzca un retorno público verificable.

La pregunta correcta, entonces, no es cuánto tiempo podemos proteger al inversionista frente al cambio tributario.Es bastante más exigente: ¿qué obtendrá Chile, concretamente y de manera comprobable, por cada peso de recaudación y por cada grado de potestad tributaria futura que decide sacrificar?

Si esto no fue considerado y evaluado al tramitarse el proyecto indicado, hoy Ley de la República, y esa respuesta no existe, la invariabilidad deja de ser una política de inversión y corre el riesgo de convertirse simplemente en el otorgamiento de un privilegio tributario, en favor de quienes disponen del capital establecido, más aún, cuando ello es posible de ser usado por inversionistas locales, inversión en que el Estado no podrá evaluar, fiscalizar ni cuantificar periódicamente.