Jaime Rojas asumió la dirección nacional de Gendarmería a mediados de julio de 2016. Fue nombrado por la entonces ministra de Justicia Javiera Blanco y le tocó liderar una institución que estaba en crisis. En ese momento, la entidad penitenciaria estaba siendo cuestionada luego que se detectaran millonarias jubilaciones. Entre ellas la de Myriam Olate, que percibía una pensión superior a los $ 5 millones.

Además, según se puede desprender de las escuchas telefónicas que formaron parte de la denuncia que Gendarmería realizó ante el Ministerio Público, estos supuestos pagos ilegítimos habrían ocurrido bajo su mandato.

¿Tenía usted conocimiento de estas prácticas? ¿Había una investigación al respecto?

No tengo ningún antecedente al respecto, ni de la práctica ni de la denuncia. No llegó a mis oídos ningún antecedente y yo le podría decir que mi postura es denunciar los hechos ilegítimos a las autoridades correspondientes, a la fiscalía, y poner los antecedentes a disposición de todos los organismos fiscalizadores. Por lo tanto, en este caso particular, yo me remontaría a decirle tres cosas.

¿Cuáles son?

Uno, si los antecedentes son conocidos, hay que ponerlos a disposición de los organismos investigadores de la justicia. Segundo, repudio cualquier acto de este tipo y dispongo mi ayuda, mi disposición a colaborar en todo lo que corresponda y, en tercer lugar, esto me parece una práctica totalmente repudiable y es justo que separen de las filas a todas las personas que se han apartado de la ética profesional.

¿Qué le parece que estén implicados funcionarios que pudieran ser coroneles y que también existan personas de Dipreca?

Lo que corresponde en estos casos es investigar la veracidad jurídica de los antecedentes. Yo en esta cosa soy súper práctico y lo digo altiro: todo lo irregular, ilegítimo y reprochable por la ética debe ser sancionado. Y en el caso mío, de lo que yo tuve conocimiento, lo sancioné de inmediato. Los que no llegaron a mi conocimiento, quedaron en los órganos que les corresponde hoy sancionarlos, evaluarlos y dictar lo que corresponda.

¿Cree que esto pudo haber ocurrido durante su gestión?

Lo que uno tiene que decir es que ninguna institución puede estar exenta de que ocurra algún acto ilegítimo. Lo importante es que los organismos de control hayan funcionado y que los que no han funcionado hasta ahora, lo hagan en el futuro.

Este hecho, sumado a lo que ocurrió con las pensiones, han manchado la imagen de Gendarmería. ¿Qué le parece?

Lo que uno tiene que cuidar es la ética pública. En este caso, los servidores públicos tenemos la obligación de llevar a cabo rigurosamente nuestro mandato, cumplir cabalmente las normas y actuar de forma transparente, legal y legítima frente a la comunidad. Las instituciones, cuando tienen mecanismos de sanción eficientes y oportunos, funcionan bien. Si la directora puso esto en conocimiento de los órganos correspondientes, me parece correcto, la felicito y ese es el camino para sancionar a quienes afectan la imagen institucional.

Queda la impresión de que son reiterativos los actos irregulares…

A mí me tocó asumir la dirección de Gendarmería cuando estaba absolutamente cuestionada ante la opinión pública y, por tanto, lo que yo hice fue enrielarla y generar todos los mecanismos para que funcionara como un órgano del Estado. Si estos nuevos antecedentes, que desconozco, son así, los reprocho e insto a colaborar con todas las instancias.

¿Hace algún mea culpa por estos hechos?

No tengo por qué hacerlo. Si tuviera que hacer mea culpa por todos los delincuentes que estuvieron presos durante mi mandato, no le veo sentido. Yo tengo que evaluar mi gestión en función de lo que me tocó hacer, corregir y colaborar con otros organismos fiscalizadores. Si es que hay actos irregulares en cualquier parte de los organismos del Estado, la responsabilidad no es de los jefes, porque las instituciones no están hechas para cometer actos irregulares. El mea culpa lo tiene que hacer quien cometió el acto irregular.